La idea de imponer a las familias españolas un canon para financiar la televisión pública es un asunto recurrente que se baraja cada cierto tiempo ante la falta de ideas para sacar al ente público de la desastrosa situación económica en que se halla inmerso desde hace años y ante la negativa de hacer lo lógico y evidente: privatizar o cerrar. RTVE pierde anualmente del orden de 6.000 millones de euros y tiene una deuda acumulada próxima a los 60.000 millones de euros. Esa es la magnitud del problema, sin contar con las televisiones autonómicas.
La idea de un canon tiene una ventaja: hace explícito para todo el mundo que RTVE la pagamos todos con nuestros impuestos y cuando un ciudadano adquiere conciencia de lo que le cuesta algo, aunque vaya vestido con los ropajes de ‘servicio público’, empieza a exigir. A exigir, por ejemplo, una programación de calidad, a exigir que el ente público no se utilice con fines partidistas, a exigir que se ponga fin a una sangría económica que cuesta dinero aunque eso implique la privatización o el cierre.
Por lo demás, el proyecto debe ser rechazado de plano por mucho que en doce de los quince países de la Unión Europea esté vigente este modelo. La televisión pública dista mucho de ser lo que se entiende normalmente por un servicio público. Su programación televisiva no sólo no tiene nada que envidiar a la de las cadenas privadas, sino que compite abiertamente con ellas. Por consiguiente, lo que debe hacerse es tratarla como un negocio normal y corriente y, desde luego, privatizarla.
Otra cosa es si la televisión pública cambia de programación y, efectivamente, empieza a ser de verdad un servicio público. Entonces, el canon podría imponerse, pero no con carácter obligatorio para todo el mundo, sino sólo para quien quisiera acceder al servicio, ya que, en otro caso, las cadenas privadas cubren perfectamente la demanda de ocio de la población. Además, y ante todo, hay que definir previamente qué se entiende por servicio público, si se trata de emitir programas culturales, etc., o, simplemente de que haya cobertura de señal en todo el territorio nacional y que el Estado pueda utilizarla si lo considera necesario de acuerdo con la ley. Para el segundo caso no hace falta que existan televisiones públicas porque puede hacerse mediante las privadas. En el primero, en cambio, la televisión pública tendría razón de ser.
Lo que es inadmisible es que en España existan dos canales estatales públicos y dos decenas de emisoras autonómicas que hacen competencia desleal con el dinero de todos y que terminan por ser instrumentos de propaganda del partido que ostenta el poder. Eso no tenemos que pagarlo los ciudadanos, ni mediante impuestos, ni mediante cánones, ni nada por el estilo. Si hay que sanear la televisión pública, que se haga, pero que sea de verdad pública o, en caso contrario, que se privatice o se cierre.
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