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Emilio J. González

Que respondan los gestores

Martinsa quería un salvavidas y se lo pidió al Gobierno, pero quien debería aportar el dinero necesario es el conjunto de socios y gestores de la compañía que, durante años, se han llenado los bolsillos aprovechándose de la escasez artificial de suelo.

Emilio J. González
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La suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa es la mayor que se ha producido nunca en la historia de España y tiene muchas consecuencias económicas y sociales. Alimenta la desconfianza de los mercados financieros hacia España y su sector inmobiliario, ya muy tocado de por sí, como demostró la fuerte caída de la Bolsa tras conocerse la noticia. Crea bastantes problemas a sus principales acreedores: La Caixa, Cajamadrid y, sobre todo, el Banco Popular. Además, el proceso puede dejar sin empleo a la cuarta parte de la plantilla de la compañía, mientras que para los más de seis mil clientes que habían pagado ya parte o el total de los pisos que Martinsa construía para ellos se abre un periodo de incertidumbre acerca de cuándo y cómo les será entregada su vivienda. Pero por muy importantes que sean estos elementos, el Gobierno, lejos de intervenir a favor de Martinsa, debería abstenerse y dejar que los gestores asuman sus propias responsabilidades para con todos.
 
El problema de Martinsa-Fadesa tiene que ver, por supuesto, tanto con el estallido de la burbuja inmobiliaria como con la crisis financiera internacional que se desató hace más de un año, factores ambos que han impedido a la compañía conseguir un crédito puente con el que tratar de ganar tiempo para solventar sus problemas. Pero la principal causa es un error fundamental de estrategia en el que sus dirigentes trataron de aprovecharse al máximo de los problemas derivados de la falta de liberalización del suelo en España.

Martinsa, la inmobiliaria presidida por Fernando Martín, se hizo con Fadesa mediante una operación de fusión con el tanto de crear la mayor inmobiliaria de España como de sacar partido al hecho de que Fadesa tenía la mayor reserva de suelo, con diferencia, de todas las empresas del sector. Ahí estaba el quid de la cuestión, la clave del interés de Martinsa por la operación. Ese suelo, teniendo en cuenta los precios alcanzados hasta hace un año, iba a ser una gran fuente de beneficios para la compañía, a expensas, claro, del bolsillo de los sufridos compradores. Sin embargo, Fernando Martín no se hizo dos preguntas clave para la operación.
 
La primera de estas cuestiones es por qué el fundador de Fadesa, Felipe Jové, vendía la compañía si las cosas pintaban también como Martinsa se imaginaba. Jové, probablemente, vio venir de lejos lo que está sucediendo en estos momentos y decidió retirarse a tiempo, sacando parte del capital a Bolsa y permitiendo que Martinsa se hiciera con la compañía. La segunda, vinculada con lo anterior, es por qué los dirigentes de la compañía ahora en suspensión de pagos nunca se preguntaron si la fiesta inmobiliaria iba a durar eternamente, si estaban viviendo en Jauja o era, tan solo, un sueño para unos y una pesadilla para muchos.
 
Las altísimas proporciones de su salario que tenían que destinar las familias a la adquisición de una vivienda ya eran, de por sí, un indicador claro de que el proceso de subida podía tocar techo en cualquier momento. A su vez, la evolución del precio del petróleo y los alimentos ya avanzaba que los tipos de interés podían empezar a subir en cualquier momento como, de hecho, ya lo venían haciendo, provocando, de esta forma, el estallido de la burbuja. La única diferencia es que la crisis financiera internacional ha acelerado el proceso de caída y que la crisis alimentaria y la del petróleo han dado lugar a circunstancias económicas muy difíciles. Sin embargo, en lo sustancial, los problemas que hoy ponen en entredicho el futuro de Martinsa-Fadesa ya se percibían en el horizonte cuando se procedió a la fusión.
 
Ese fue el gran error porque la deuda que tiene que amortizar Martinsa-Fadesa es, precisamente, la que generó una fusión que, probablemente, nunca debió de haberse llevado a cabo y que hoy ha puesto a la compañía contra las cuerdas. Fue una fusión no por mera lógica empresarial, sino por pura y simple ambición para sacar el máximo partido a la intervención administrativa sobre el suelo y las rentas extraordinarias de monopolio que dicha intervención genera a quien lo posee. Esta es la primera razón por la que el Gobierno no debe intervenir a favor de Martinsa, ni con créditos ICO ni con nada
 
El presidente de la compañía, Fernando Martín, no obstante, siempre quiso implicar al Ejecutivo en todo este asunto y jugó sus cartas. Empezó a hablar de los problemas del sector y de los empleos que crea directa e indirectamente en vísperas de las elecciones para conseguir arrancar a Zapatero un compromiso de ayuda. De ahí nació la posibilidad de que el ICO entrara en juego, o de que el Gobierno promoviera contratos con las empresas en dificultades.
 
Durante las semanas previas a las elecciones, Zapatero no solo no quería oír hablar de problemas económicos, sino que negaba la mayor, y Martinsa trató de sacar partido de ello pero, finalmente, todo quedó en agua de borrajas. Martinsa quería un salvavidas y se lo pidió al Gobierno, pero quien debería aportar el dinero necesario es el conjunto de socios y gestores de la compañía que, durante años, se han llenado los bolsillos aprovechándose de la escasez artificial de suelo. Son ellos los que deberían responder por la compañía y tratar de sacarla adelante, no un Ejecutivo que, al final, utilizaría el dinero de los contribuyentes para que unos pocos plutócratas del ladrillo sigan siendo multimillonarios, un estatus conseguido a costa del sufrido bolsillo de los ciudadanos que han adquirido una vivienda en los últimos años.

El Sr. González es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Comentarista político en el programa Es la Mañana de Federico, de esRadio. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

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