La Junta de Andalucía acaba de anunciar que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del desempleo aprobada recientemente por el Gobierno. Hasta aquí, prácticamente nada nuevo. El presidente del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves, ya había dejado ver sus intenciones cuando dijo que en la Comunidad Autónoma que preside, esa política no se aplicaría. Lo importante son las circunstancias en las que se produce el anuncio.
De entrada, el PSOE había dicho que recurriría ante el Constitucional la reforma del Gobierno y, además, se había comprometido a retirarla si gana las elecciones generales de 2004. El recurso de inconstitucionalidad de los socialistas, sin embargo, todavía no está concluido y, en el ínterin, Chaves ha aprovechado para anunciar la presentación en breve del suyo, suplantando y adelantándose a cualquier otro movimiento que su partido pueda hacer en este sentido. En la pasada legislatura, actuaciones como ésta de Chaves tenían bastante sentido político. La subida de las pensiones mínimas, el rechazo al sistema de financiación autonómica aprobado en 1997 o la negativa a reducir la lista de medicamentos subvencionados por el Sistema Nacional de Salud, aunque demagógicas, eran actuaciones propias de una persona que tuvo que asumir sobre sus espaldas el peso de ejercer la oposición al Gobierno del Partido Popular, y hacerlo además, no desde el Parlamento, sino desde una autonomía porque los diputados socialistas que se sentaban en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo eran incapaces de articular una mínima oposición a los ‘populares’ de Aznar. Pero ahora las cosas son distintas, las caras de muchos diputados y senadores del Grupo Socialista, también; y aunque, hasta ahora, el ejercicio de oposición que han hecho ha dejado mucho que desear, éste tiene un carácter mucho menos vulnerable que el de sus antecesores, tan comprometidos como estaban con el felipismo y todo lo que ello había sido y significado. Por tanto, no era necesaria una participación de Chaves como la que acaba de producirse, por mucho que la reforma del PER afecte especialmente a Andalucía. Pero para encargarse de todo ya estaba la Ejecutiva Federal del partido y un recurso como el que anuncia Chaves lo puede presentar cualquiera, pero debe hacerlo quien debe hacerlo, o sea, la dirección nacional de los socialistas.
Otra circunstancia importante que no se puede pasar por alto es el momento político en que Chaves ha dicho lo que ha dicho y va a hacer lo que va a hacer. Y ese momento es, ni más ni menos, que cierta revitalización de la imagen política del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, tras el debate sobre el Estado de la Nación y tras sus intervenciones acerca del conflicto hispano-marroquí en torno al islote Perejil. La imagen de Zapatero ha salido reforzada tras todo esto, aparece de nuevo como líder del partido, quizá más líder que nunca, y cuando tiene que consolidarse esta imagen para mejorar las perspectivas electorales de los socialistas en las municipales y autonómicas de 2003 y las generales de 2004, surge Chaves y le arrebata tanto protagonismo como autoridad.
Con todo ello, parece como si Chaves no quisiera la consolidación de Zapatero como líder socialista, como si buscara la debacle del cabeza de cartel socialista para que el barón andaluz conserve su cuota de poder dentro del partido, que es mucha, y las posibilidades que cree tener de ser él quien, desde Sevilla, encabece la reconquista del poder de los socialistas, que algún día llegará. Sólo así se puede entender que Chaves haya actuado por su cuenta, abriendo en el seno de los socialistas una nueva fractura ahora que estaban cerrando bastante bien las muchas grietas que dejaron en el partido las derrotas electorales de 1996 y 2000 y la retirada nunca concluida de Felipe González.
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