La economía española está entrando en una situación francamente delicada, que no admite demoras en la toma de decisiones para amortiguar las consecuencias de la crisis y convertirla en lo menos intensa y duradera posible. Por desgracia, la negativa del Gobierno a admitir públicamente lo que todos los ciudadanos vienen notando desde hace meses en sus bolsillos, a aceptar que lo que está ocurriendo en estos momentos es causa de la ausencia de política económica durante toda la legislatura, está impidiendo que se tomen las medidas necesarias que demanda la coyuntura. El Ejecutivo de Zapatero quiere llegar al 9 de marzo sin admitir su fracaso económico, pensando que así salvará votos, y con ello lo único que hace es empeorar las cosas.
Con este telón de fondo cobra especial importancia la iniciativa que ha tomado el Partido Popular a través de su presidente, Mariano Rajoy, quien acaba de proponer un recorte drástico del impuesto de Sociedades. Dicha propuesta tiene un enorme valor, tanto en términos económicos como en términos políticos.
Desde el punto de vista económico, semejante medida es del todo punto necesaria para continuar con el proceso de crecimiento económico y creación de empleo. La fiscalidad, en última instancia, es un coste que tienen que soportar las empresas españolas, por lo general muy superior a la de muchos países de la Unión Europea, que supone un lastre para su capacidad de competir en el mundo de la globalización y, por tanto, para su capacidad para generar empleo y bienestar en la sociedad española. De ahí que una propuesta como la de Rajoy tenga todo el sentido del mundo.
Pero el presidente del PP no solo ha dicho que reducirá la fiscalidad sobre los beneficios empresariales sino que lo hará, además, nada más llegar al poder si gana las elecciones. Con ello, Rajoy demuestra que a pesar de la parálisis política propia de toda convocatoria a las urnas los políticos pueden y deben seguir trabajando en la resolución de los problemas del país. Hoy es posible que muchas de las medidas que se deberían haber adoptado meses atrás ahora no se puedan tomar hasta que se constipan las nuevas Cortes, pero eso no implica que no se pueda estar trabajando ya en su diseño con el fin de perder el menor tiempo posible en su aplicación. Al actuar de esta manera, Rajoy ha tomado la iniciativa política en la cuestión que más inquieta día a día a los españoles, esto es, su futuro económico que, de acuerdo con las encuestas de confianza del consumidor, ven cada día más negro.
En estas circunstancias no caben demoras, sino empeños en resolver los problemas cuanto antes. No cabe mirar para el otro lado y decir que todo está bien, con tal de eludir los costes políticos de cuatro años de inacción en materia de economía, sino aceptar que las cosas están como están y trabajar para rectificar su rumbo lo antes posible. El Gobierno se niega a ello, pese a que hasta sus socios de Izquierda Unida reclaman a Solbes explicaciones. El PP, por el contrario, ha empezado a levantar bien alta la bandera de su mejor activo político, la gestión económica, en unos momentos en los que hace falta transmitir confianza a los ciudadanos acerca de que quien detente el poder a partir del 9 de marzo sabrá resolver sus problemas, aplicando las medidas adecuadas y con celeridad. Rajoy, nuevamente, acaba de arrebatarle la iniciativa política al Gobierno.