El proceso de descentralización administrativa que ha acompañado a la consolidación del Estado de las autonomías ha significado que los Ejecutivos regionales asuman competencias, muchas, que antes estaban en manos del Gobierno central. Entre esas competencias están las relativas a Industria y Medio Ambiente, campos estos en los que las corporaciones locales también tienen capacidad legislativa y regulatoria. Hay veces en que el uso de esas facultades se hace para el bien común de los ciudadanos; en otras ocasiones, medidas que se supone persiguen ese bien común acaban por destruirlo. Es el caso de la electricidad.
Uno de los motivos de los apagones que se han producido en España a lo largo de los últimos meses tiene mucho que ver con este aspecto: las empresas no siempre han podido llevar a cabo las inversiones necesarias en plantas de producción de electricidad y en redes porque la autonomía o el ayuntamiento de turno no le ha dado el permiso para ello. De esta forma, hay ocasiones en las que falta producción y hay ocasiones, las más, en las que hay electricidad pero no hay forma de hacerla llegar al consumidor final, ya sea industrial o doméstico, porque la red de transporte no da más de sí. Y estas cosas le preocupan mucho al Gobierno, al sector eléctrico y a los propios consumidores. Por ello, el Ejecutivo trata ahora de tomar medidas, después de celebrar un debate sobre las necesidades del sector que durará de aquí a mayo.
En este contexto se encuadran las palabras del secretario de Estado de Economía, José Folgado, al advertir que en la Comunidad de Madrid la capacidad de generación es muy limitada y que no se están construyendo centrales en ella. Este mensaje, transmitido ante la patronal del gas Sedigas, es una alusión clara a la necesidad de que en la Comunidad Autónoma de Madrid se instalen centrales de ciclo combinado, las que utilizan el gas como combustible, como se está haciendo en el resto de España. Parece difícil que ninguna empresa quiera construirlas, puesto que de las palabras de Folgado se desprende que el negocio estaría asegurado. Por tanto, habría que empezar a mirar a las condiciones a su instalación que ponen el Gobierno regional y los ayuntamientos porque lo cierto es que donde se instalan centrales de producción eléctrica es donde la regulación lo permite. Así, muchas se concentran en zonas de Andalucía que no ponen tantas pegas y faltan en las zonas turísticas costeras y en Madrid. El Gabinete que preside Alberto Ruiz Gallardón debe tomar buena nota de ello; los alcaldes y concejales de esta autonomía, también.
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