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Emilio J. González

Reunión de pastores

Si las centrales sindicales están haciendo estos sacrificios, es lógico que no les gusten medidas como la que acaba de aprobar el Gobierno, porque saben lo mucho que está en juego

Emilio J. González
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El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero parece que todo lo arregla a base de dinero público y subidas de impuestos. Pero esta estrategia, que denota una falta clara de ideas para resolver los problemas económicos del país, tiene un límite, sobre todo cuando afecta a los sectores más amenazados por la deslocalización industrial, como el de la automoción, con el que la cosa no está para bromas. En medio de las tensiones laborales en SEAT, con los alemanes deseando tener la menor excusa para llevarse la fábrica de Martorell a un país del este; con Nissan que lleva tiempo queriendo hacer lo mismo con las instalaciones que tiene en Cataluña, y con el conjunto del sector aquejado del mal de la falta de competitividad frente a los productores de otros países, al Ejecutivo no se le ha ocurrido ni más ni menos que autorizar a las comunidades autónomas a subir el impuesto de matriculaciones hasta el 15%.
 
Como es lógico, esta medida ha provocado la reacción en contra del sindicato Comisiones Obreras, que tiene los pies mucho más sobre la tierra que el Gobierno. CCOO conoce de sobra las consecuencias que semejante decisión puede tener para la industria del motor instalada en España porque se ha pasado años negociando con el Ejecutivo del PP soluciones para mantener en nuestro país al primer sector industrial español por volumen de exportaciones y a uno de los más importantes en términos de creación de empleo. De esta forma, el sindicato ha aceptado condiciones laborales impensables en otras ramas de la industria, con tal de que las multinacionales del automóvil no se marchen de España y, con su salida, desaparezcan muchos puestos de trabajo y todas las empresas auxiliares cuya actividad gira en torno a la automoción. Y es que Comisiones Obreras ha demostrado una sensibilidad de la que, por desgracia, carece el Ejecutivo.
 
La cuestión del impuesto de matriculaciones no es, precisamente, desdeñable, sobre todo si se tienen en cuenta los datos que proporciona CCOO: en España, este gravamen aumenta el precio final de un automóvil entre un 24% y un 26%, frente al 16% en Alemania. Cuanto mayor sea el precio de un coche por culpa de los impuestos que soporta, menos unidades se venderán. Y esto, en unos momentos en que las ventas de automóviles están declinando en los países industrializados, en los que los grandes del sector, como Ford o General Motors, se enfrentan a importantes problemas de competitividad en todo el mundo ante el empuje de aquellos fabricantes que producen en países donde los sueldos son bajos, constituye un aliciente más para que la industria haga las maletas y se marche de nuestro país, sobre todo si las ventas en el mercado nacional no permiten compensar, al menos en parte, otros factores adversos, como los costes laborales.
 
Los sindicatos están poniendo mucho de su parte para que la industria del automóvil no emigre. Están aceptando casi sin rechistar ampliaciones de jornada laboral, trabajar en sábado, reducciones temporales o permanentes de plantilla y otras cosas impensables en otras industrias con tal de que las multinacionales de la automoción permanezcan en España. Si las centrales sindicales están haciendo estos sacrificios, es lógico que no les gusten medidas como la que acaba de aprobar el Gobierno, porque saben lo mucho que está en juego. Desde esta óptica, no es extraño que Comisiones Obreras haya pedido la desaparición del impuesto de matriculaciones, como viene demandando desde hace años la patronal del sector. Y cuando sindicatos y empresarios coinciden en algo contra el Gobierno, es que la cosa está francamente mal. Es algo así como el refrán ese que dice que reunión de pastores, oveja muerta. La cuestión es si el Ejecutivo seguirá en sus trece o mostrará en este caso una sensibilidad de la que carece en otros, aunque tan sólo sea porque la autonomía que puede salir más perjudicada con todo ello es esa Cataluña a la que tantos favores viene haciendo el ministro de Industria, el catalán José Montilla, desde el inicio de la legislatura.

El Sr. González es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Comentarista político en el programa Es la Mañana de Federico, de esRadio. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

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