Un adagio tradicional del liberalismo dice que la intervención del Estado en la economía es como un Robin Hood miope quien, pretendiendo hacer justicia, acaba por robar a los pobres para dárselo a los ricos. Esto es lo que puede suceder con la subida del impuesto mínimo sobre el tabaco que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes.
El Gobierno justifica esta decisión porque considera que las dos subidas fiscales aprobadas este año para desincentivar el consumo de tabaco no se han trasladado a los precios, sobre todo en las marcas más baratas. Y aquí es donde surge el problema. Dicha subida, que fija un impuesto mínimo y, con ello también, un precio mínimo del tabaco, afecta sobre todo a aquellas empresas que optaron por buscar su nicho de mercado en los segmentos más baratos del mismo, cuyos principales consumidores son los inmigrantes y las personas con nivel de renta más bajo. Su ventaja competitiva era, ni más ni menos, que costes menores que les permitían aplicar precios también más bajos que los que cobran las grandes multinacionales del sector.
Ahora, si estas empresas se ven obligadas a incrementar sus precios, como consecuencia de la medida aprobada por el Gobierno, perderán parte de esa ventaja competitiva que tenían y, posiblemente, verán caer sus ventas, que es lo que pretendía el Ejecutivo. Pero esa reducción en las ventas no tiene por qué implicar necesariamente una disminución del consumo. En parte se puede conseguir este efecto, pero también puede suceder que, dados los nuevos precios mínimos que se pueden establecer en los próximos días, el consumidor de estas marcas baratas opte por adquirir otras más caras, es decir, por un desplazamiento de sus compras desde los productos de los fabricantes de bajo coste hacia las labores y marcas de las grandes multinacionales del sector, que podrían ser los verdaderos ganadores en todo este asunto. De hecho, esas grandes marcas respaldaron plenamente al Gobierno en su deseo de incrementar la fiscalidad mínima del tabaco, sabiendo que podrían beneficiarse de ello. Robin Hood, por tanto, ha vuelto a actuar con miopía.
Además, hay que tener en cuenta un segundo aspecto, derivado de la experiencia de otros países que optaron en su momento por medidas de este tipo. Se trata, ni más ni menos, que de la reaparición del contrabando de tabaco. En España, hace años que no se ven por las calles a los vendedores de tabaco de contrabando porque el negocio había dejado de ser rentable dados los precios de las cajetillas. Sin embargo, con los precios que están alcanzando como consecuencia de las subidas de impuestos, el contrabando de tabaco puede recuperar el atractivo perdido. No se trata, ni mucho menos, de ser catastrofista, pero es que esto es lo que ha sucedido en otros países europeos, como Alemania, Francia y el Reino Unido, que han aplicado medidas similares y ahora están estudiando rebajarlas ante el resurgir del mercado negro de tabaco, que en estos países alcanza en la actualidad niveles de entre el 7% y el 16% de las ventas totales de cigarrillos.
Al embarcarse el Gobierno en esta cruzada contra el tabaco, por tanto, lo que está consiguiendo es crear más problemas que los que pretende resolver, ya que las pérdidas de ventas de las marcas baratas, como consecuencia de un menor consumo de tabaco, de su traslado hacia marcas más caras o del contrabando, tiene costes en términos de empleo y unos beneficiarios claros: las grandes multinacionales. En consecuencia, si el Ejecutivo pretende que la población española deje de fumar, ¿no hubiera sido más lógico que la sanidad pública financiase los tratamientos necesarios para ello, cosa a la que se ha negado el Ministerio de Sanidad? Porque si de lo que se trata es de una cuestión presupuestaria, no hay que olvidar que los fumadores están pagando anualmente grandes cantidades de dinero en forma de impuestos sobre el tabaco que cubren más que con creces el coste de dichos tratamientos.