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Emilio J. González

Salgado, contra las farmacias

Su finalidad es restringir la competencia y fomentar los monopolios o los oligopolios. Por este motivo, la Comisión Europea llevó a la farmacéutica Glaxo ante el Tribunal de Justicia Europeo

Emilio J. González
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El equipo económico del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha apostado por introducir nuevas dosis de liberalización en los colegios profesionales, pero, por lo visto, del alcance de estas intenciones queda exenta Elena Salgado, la ministra de Sanidad. En estos días, Salgado ultima un Real Decreto sobre la trazabilidad de los medicamentos -la información sobre dónde se encuentra cada caja de medicinas desde el momento en que sale del laboratorio-, que debe entrar en vigor antes del verano y que, lejos de introducir mayores cuotas de libertad en el mercado de fármacos, restringe ésta y lo hace, además, en contra del principio de libertad de circulación de mercancías en la Unión Europea, consagrado por el Tratado de Roma y avalado por una sentencia sobre un caso similar ocurrido en Grecia que el Tribunal Europeo de Justicia –el Tribunal de Luxemburgo- dará a conocer probablemente la próxima semana.
 
En teoría, la nueva normativa sobre trazabilidad de los medicamentos busca la protección y seguridad del consumidor, en el sentido de poder detectar en todo momento dónde esta  una partida de fármacos que pudiera resultar defectuosa, qué farmacias cuentan con parte de ese lote y a quién le han sido vendido esas medicinas en caso de que, efectivamente, ya hayan sido expedidas. Pero la realidad es muy distinta. Resulta que dicho Real Decreto da cobertura a las pretensiones de la farmacéutica Pfizer, una de las más potentes de Europa por su capacidad de investigación y por contar con gran número de patentes de medicamentos para los que, como es lógico por la protección que ofrecen dichas patentes, hoy por hoy no existen genéricos. Pfizer llevaba tiempo queriendo controlar el destino de los medicamentos vendidos en las farmacias españolas, para lo cual llegó a un acuerdo con la patronal de la distribución, que fue apadrinado por Salgado, con el fin de que Pfizer y demás farmacéuticas puedan conocer las ventas al extranjero para aplicar un precio distinto a las exportaciones paralelas de fármacos.
 
Esta política es contraria a la libertad de circulación de mercancías, establecida por el Tratado de Roma, que rige en todo el territorio de la Unión Europea y que la normativa comunitaria castiga por considerarla abuso de posición dominante, ya que su finalidad es restringir la competencia y fomentar los monopolios o los oligopolios. Por este motivo, la Comisión Europea llevó a la farmacéutica Glaxo ante el Tribunal de Justicia Europeo, por un caso similar ocurrido en Grecia, y ahora el Tribunal de Luxemburgo va a dar a conocer una sentencia contraria a Glaxo. Pues con todo ello, nuestra ministra de Sanidad está dispuesta a seguir adelante.
 
La cosa, sin embargo, no concluye aquí. Resulta, además, que esa información sobre los medicamentos deben proporcionarla las farmacias, a las que les impondrá la obligación de contabilizar e informar todos los meses de las unidades de medicamentos dispensadas, con receta o sin ella, y se arriesgan a ser multadas si se produce un error o no se justifica una venta sin la correspondiente receta médica. O sea, una labor de control como ésta, que le corresponde a la Administración, más en concreto a las Comunidades Autónomas, resulta que la tienen que llevar a cabo las farmacias y asumir el coste que ello supone. ¿Para qué tienen, entonces, las autonomías competencias en materia de Sanidad? ¿Para qué está el Ministerio de Sanidad?
 
Esta fórmula de control, por otra parte, ha sido posible gracias a la inestimable colaboración del Consejo General de Farmacéuticos, cuyo presidente, Pedro Capilla, es un hombre próximo a Salgado, con quien se hizo una fotografía el pasado 12 de mayo en el Ministerio, con motivo del acuerdo entre Pfizer y la patronal de distribuidores. En el sector aseguran que Capilla, que lleva veinte años en el cargo, teme que, de no sumarse a la nueva política farmacéutica del Gobierno, pueda verse desplazado de su puesto en virtud de un nuevo reglamento sobre la duración de los mandatos de los cargos del Consejo que podría aprobar el Ministerio. Así es que el poder regulatorio, que debería aplicarse a favor de los ciudadanos, vuelve a ser ese elemento distorsionador de todo porque acaba al servicio de intereses distintos al bienestar común, una circunstancia que no tendría lugar si en vez de tanto decreto se dejara actuar al mercado y a los agentes privados.

El Sr. González es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Comentarista político en el programa Es la Mañana de Federico, de esRadio. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

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