A los sindicatos españoles, por lo visto, les ha dado por hacer política: la UGT, directamente, pretende que el PP sea sustituido por el PSOE en las tareas de Gobierno, que para algo es su partido hermano, mientras que no se sabe muy bien si lo que pretende Comisiones Obreras es volver a sentar a un socialista en La Moncloa o si lo que busca simplemente es que los "populares" pierdan la mayoría absoluta para poder negociar en el futuro con el Ejecutivo en mejor posición. El tiempo lo aclarará. Pero, de momento, ahí está el último movimiento táctico de las centrales sindicales, la oposición radical a los planes del Gobierno para reformar el sistema de desempleo y la amenaza de convocar una huelga general el 20 de junio por este motivo.
La actitud de los sindicatos es muy reveladora de lo que persiguen. No es que no quieran que se reforme el sistema de desempleo; es que, simplemente, se niegan a que se les plantee esta cuestión, olvidando que la labor legislativa le corresponde al Parlamento y la de gobernar al Ejecutivo, y no a ellos. Pero, por lo visto, las centrales sindicales pretenden usurpar esas funciones y negar a ambos poderes las capacidades que la Constitución les reconoce. De hecho, en cuanto el Gobierno empezó a hablar el asunto, los sindicatos empezaron a decir que esa política les iba a obligar directamente a convocar una huelga general, cuando lo lógico es que antes trataran de suavizar, modificar o condicionar el contenido de las medidas que el Gabinete quiere aprobar. Pero no han hecho nada de ello; no quieren ni oír hablar del tema y desde el primer momento han pensado en esa huelga general que probablemente tienen en mente desde que el PP ganó las elecciones generales de 2000 por mayoría absoluta. Sólo estaban esperando la ocasión que les sirviera de excusa para la convocatoria del paro general y ahora creen que la han encontrado.
Según los sindicatos, la percepción de las prestaciones por desempleo es un derecho que el Gobierno quiere limitar o eliminar. Pero ellos, tan de izquierdas y tan solidarios que son, deberían tener en cuenta que esos subsidios salen del bolsillo de todos los españoles y que su finalidad es ayudar a quien sufre un revés laboral. El derecho al subsidio abarca estas cuestiones pero, moralmente, lo que no puede contemplar es el pago de una cantidad al mes a quien se niega a aceptar un empleo adecuado. Eso es inadmisible desde todos los puntos de vista y, por ello, el Gobierno quiere acabar con esta situación. No se trata de un problema presupuestario, puesto que el Estado no se va a ahorrar nada en tanto en cuanto prevé ayudas para aquellos que acepten un empleo con una retribución inferior. Se trata de que el parado deje de tener incentivos para permanecer en esa situación y los encuentre para aceptar un puesto de trabajo, puesto que cuanto más tiempo esté una persona sin empleo, más le cuesta encontrarlo. Pero, por lo visto, eso a los sindicatos no les importa.
Se podría pensar que la actitud de las centrales obedece a una suerte de miopía en materia laboral y que, por eso, hacen lo que hacen y amenazan con lo que amenazan. Pero cuando se recuerda que también se oponen a algo que beneficia a todo el mundo, especialmente a las rentas más bajas, como es la bajada del IRPF que entrará en vigor el año próximo, entonces hay que pensar que aquí no hay equivocación que valga y sí deseos de desgastar al Gobierno. Parecía que, en los últimos años, los sindicatos habían alcanzado ese grado de sensatez necesario para que España sea una economía y una sociedad modernas, con empleo y bienestar para todos. Por lo visto, aquello no fue más que un espejismo.
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