¿Qué le ha llevado al Gobierno a dar marcha atrás con tanta rapidez y contundencia en la reforma del desempleo? A principios de junio, el Ejecutivo aprobó, vía decreto, una reforma estructural básica para seguir reduciendo el desempleo y, en cierto modo, para combatir la inflación. Poco después tuvo lugar la huelga general del 20-J, convocada por los sindicatos contra esta política que se negaron a aprobar en la mesa de negociaciones con la patronal CEOE, pero la jornada fue más bien un fracaso. Ahora, sin embargo, el Gabinete se desdice. Para un viaje tan corto no hacían falta tantas alforjas, ni llevarse de por medio al anterior ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, que defendía el tránsito por la senda en la que ahora ha entrado el Gobierno.
El desempleo en España es un problema esencialmente de carácter estructural, que tiene mucho que ver con la falta de movilidad geográfica, con los costes del despido que frenan las contrataciones y con un sistema de protección al desempleo que incentiva la permanencia en esta situación en lugar de la búsqueda de trabajo. Todo ello se traduce en la tasa de paro más alta de la Unión Europea y en una dualidad perniciosa que hace que en España coexistan zonas con alto desempleo mientras en otras falta mano de obra, lo que encarece los salarios y tiene efectos negativos para la inflación. La reforma del desempleo aprobada por el Ejecutivo perseguía atacar de raíz estos problemas, iba bien encaminada. Pero, ¿qué va a hacer ahora el Gobierno? Probablemente nada, porque si da marcha atrás en las medidas adecuadas, no hay alternativa. Por tanto, los nuevos avances en la tan necesaria reforma laboral tendrán que esperar, como poco, a la próxima legislatura.
Ahora bien, ¿qué ha hecho cambiar de actitud al Ejecutivo? Puede que tenga mucho que ver la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales del próximo junio, y el PP teme que podrían saldarse con un serio varapalo en las urnas. Sin embargo, por ahora, las encuestas del CIS no dicen nada que justifique semejantes temores, puesto que los ‘populares’, por el momento, mantienen una cómoda ventaja en intención de voto sobre un PSOE que sigue sin presentar un verdadero proyecto alternativo al del Gobierno Aznar. La razón del cambio de actitud, por tanto, tiene mucho más que ver con la presión que están ejerciendo los sindicatos contra lo que han denominado el ‘decretazo’, una presión realizada en forma de negativa a pactar en los convenios colectivos subidas salariales inferiores al 4%.
Esta presión ha llevado a esa CEOE que no quiere que se dé marcha atrás a la reforma del desempleo, a pedir ayuda a un Gobierno al que, de repente, le han entrado muchos miedos, entre ellos el de que se rompa la moderación salarial que tan buenos resultados ha dado en términos de creación de empleo y de crecimiento económico. Esa ruptura supondría un serio varapalo a la generación de puestos de trabajo y alimentaría las tensiones sobre los precios de consumo en uno de los países de la zona del euro con tasas de inflación más elevadas, que no se corrigen y que pueden ir a peor en los próximos meses si perduran el encarecimiento actual del precio del petróleo y los bajos tipos de interés del Banco Central Europeo. En ese caso, el ‘milagro’ económico del PP podría llegar a su fin, y eso es lo que aterra a los ‘populares’, que tienen en la economía una de sus mejores bazas electorales.
Pero, precisamente por ello, en lugar de dar marcha atrás en la reforma, el Gobierno debería haberse mantenido firme y hacer sólo concesiones ‘técnicas’ porque lo que hacían las medidas aprobadas por el Gobierno era crear las condiciones para que siguiera aumentando el empleo y reduciéndose el paro y, con ello, prolongar la actual fase de crecimiento económico y ayudar a reducir la inflación.
El problema está en el chantaje sindical. Las empresas siempre pueden negarse a incrementos salariales próximos o superiores al 4%, pero saben que a continuación les esperaría un periodo de fuerte conflictividad social, con las pérdidas que ello supondría por las jornadas de huelga que convocarían los sindicatos miopes que tenemos en España y la mala imagen que podrían proyectar los paros sobre un Gobierno que ya está en precampaña electoral. Y esta situación sólo tiene dos culpables: la propia CEOE que se niega a sacar adelante la descentralización de la negociación colectiva, con lo que las amenazas sindicales caerían en saco roto, y un Gobierno que, en su momento, creyó acertada la idea de insuflar nueva vida a unas centrales sindicales moribundas y que, a partir de ahora, debería pensarse mejor cuál va a ser su política en este sentido, es decir, o sindicatos, o reforma laboral, porque ambas cosas parecen cada vez más incompatibles.
En Opinión
Servicios
- Radarbot
- Libro