El culebrón de Aerolíneas Argentinas ha entrado en una senda de surrealismo de incierto final. La Sepi, propietaria del 92% del capital de la compañía de bandera argentina ha tratado de poner en marcha un plan para reflotar la empresa similar al que aplicó en su momento con Iberia, a la que devolvió a la rentabilidad económica y a la viabilidad como proyecto de futuro. Sin embargo, el sindicato de técnicos, uno de los siete que representan a los trabajadores de Aerolíneas lo ha vetado y no se puede poner en marcha, aún a costa de que la compañía quiebre. Debido a la intransigencia del mencionado sindicato APTA, el consejo de administración de la línea aérea ha instado, este jueves, la suspensión de pagos y ha aprobado la convocatoria de acreedores.
Ahora, para alucinar todavía más, un juez argentino acaba de ordenar que Aerolíneas continúe prestando sus servicios regularmente y “se abstenga de disponer o de ceder de cualquier modo los derechos respecto a las rutas aéreas, marcas y demás bienes inmateriales”. Lo que no dice es de qué forma se va a poder cumplir su orden, al menos una parte de ella. Porque Aerolíneas está en quiebra técnica, con una deuda acumulada de 900 millones de dólares y unas pérdidas de entre 20 y 30 millones de dólares al mes. Sus fondos no llegan siquiera para pagar el queroseno que consumen los aviones en sus vuelos. ¿Cómo se va a mantener entonces el servicio?
Quizá lo que pretende el juez es que el Estado argentino desembolse dinero, lo mismo que quiere el Gobierno español, que ya ha enterrado allí más de doscientos mil millones de pesetas. Pero el presupuesto argentino no puede asumir esos gastos y, ni mucho menos, que el Ejecutivo austral se quede con la compañía. El presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, ha descartado abiertamente esta posibilidad. Entonces ¿cómo se va a cumplir la orden del juez? A lo mejor, lo que tendría que haber dicho su señoría es que el sindicato APTA acepte de una vez por todas el plan de saneamiento presentado por la Sepi en lugar de llevar a la compañía a la quiebra, como parece pretender para que otro dueño, probablemente un inversor argentino, se haga cargo de ella.
Luego está la segunda parte de su orden, la de no ceder derechos. Cuando una compañía no puede salir adelante y se encuentra en una situación como la de Aerolíneas, la convocatoria de un concurso de acreedores es lo único que se puede hacer, porque todos tienen que cobrar el dinero que se les debe. El juez de lo Contencioso Administrativo, Martín Silva, sin embargo, niega a los acreedores ese derecho y a los deudores la posibilidad de poner punto final a la situación. O sea, que, según se desprende de la orden del magistrado, quién invierta en Argentina nunca se podrá ir de allí, por muy mal que vayan las cosas. Este es, a fin de cuentas, el resumen de la cuestión. Pero el país, seguramente, pagará caro las consecuencias de esa orden si la Sepi tiene que acatarla y no se rectifica, porque es un caso claro de inseguridad jurídica. Y pocas cosas le asustan más a un inversor extranjero que ese panorama.
En fin, que entre todos la mataron y ella sola se murió, por supuesto con certificación judicial.
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