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Emilio J. González

Todos contra Esperanza

Plantear semejante cuestión en Alemania es inconcebible porque tanto los ciudadanos como las formaciones políticas entienden que, por encima de cualquier cosa, están los intereses de la nación y de todos y cada uno de los territorios que la forman

Emilio J. González
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¿Se imaginan ustedes que el Gobierno federal alemán se negará a defender ante la Unión Europea los intereses de uno de los länder del país, la versión germana de nuestras comunidades autónomas, tan sólo porque el color político del partido que ostenta el poder en la región es distinto de aquel que lo detenta a nivel nacional? Plantear semejante cuestión en Alemania es inconcebible porque tanto los ciudadanos como las formaciones políticas entienden que, por encima de cualquier cosa, están los intereses de la nación y de todos y cada uno de los territorios que la forman. Esa altura de miras, ese sentido de Estado, por desgracia, brilla por su ausencia en el Ejecutivo de Zapatero y en el partido que lo respalda en el Parlamento, el PSOE.
 
La Comunidad de Madrid, cuyo gobierno está en manos del Partido Popular, se ha encontrado de la noche a la mañana con que el comisario europeo de Asuntos Económicos, el ex ministro socialista Joaquín Almunia, ha decidido imputar la deuda de Mintra (Madrid Infraestructuras de Transportes) a la propia comunidad en lugar de considerar a Mintra como una empresa no consolidable en el ámbito del sector público porque obtendrá más del 50% de sus ingresos de actividades comerciales, tal y como establece el Sistema Europeo de Cuentas, la norma que regula estas cuestiones. La sorpresa es mayúscula porque el antecesor de Almunia en el cargo, el actual vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, dispuso en su momento que lo que hacía Mintra era gasto privado y porque ahora, en lugar de defender su posición y los intereses de la Comunidad de Madrid, dice que la decisión de su sucesor y correligionario es “inapelable”. Además, la decisión de Almunia se produce tras la visita que le realizó en Bruselas Rafael Simancas, el líder de la oposición socialista en la Asamblea de Madrid. Todo señala, por tanto, hacia una maniobra para asfixiar al Gabinete de Esperanza Aguirre.
 
La deuda de Mintra, por un montante de 2.400 millones de euros, se generó como consecuencia de las obras de Metrosur, para conectar a Madrid con las ciudades dormitorio del sur de la ciudad a través del suburbano. Ahora, Esperanza Aguirre quiere ampliar nuevamente la red de metro, un proyecto que podría verse frenado si la Comunidad Autónoma tiene que asumir la deuda de Mintra, con consecuencias económicas de largo alcance. Madrid es la autonomía más dinámica, la que más ha aportado al crecimiento del empleo en 2004, y se ha convertido en el referente internacional de modernización de España; gracias a la política seguida en los últimos años por sus dirigentes regionales se ha convertido, además, en centro de atracción de empresas. Pero eso parece molestar a los socialistas, sabedores de que Madrid es la referencia para toda España y un lugar en el que hace tiempo que no gobiernan.
 
La política de Esperanza Aguirre marca muchas diferencias con las que siguen los presidentes socialistas de Comunidades Autónomas tan significativas como Cataluña o Andalucía. Basta un solo ejemplo. Mientras estas dos últimas regiones piden más dinero al Estado, en forma de nuevo modelo de financiación autonómica, Esperanza Aguirre es la primera presidenta regional que habla de utilizar el margen de que disponen las autonomías para recortar los tipos del IRPF a los cuidadanos de Madrid; de hecho, esta promesa fue uno de los puntos fuertes de su discurso de investidura. Tal política beneficia, indudablemente, a los madrileños y a la economía de la región, pero también, y por añadidura, a los intereses del PP a nivel nacional, ya que Madrid es el referente para toda España y su gobierno deja patente día a día la existencia de una alternativa política al PSOE. Los socialistas, por ello, no quieren que Aguirre triunfe porque sería un duro golpe político para ellos y, por lo visto, están dispuestos a emplear cualquier medio para lograrlo, aunque sea a costa de los intereses generales del país o de la región.
 
Madrid, además, es la piedra angular sobre la que el PP edificó su modelo de vertebración de España. Un modelo que el PSOE, desde que llegó al poder, se ha empeñado en desmontar, aunque sea a martillazos, con políticas como la paralización del Plan de Infraestructuras para transformar su diseño radial, con Madrid como eje central, en otro de malla que favorece, curiosamente, a Cataluña y Andalucía en detrimento no sólo de Madrid sino de la mayor parte de autonomías, entre ellas todas las que gobierna el PP y alguna en la que los propios socialistas detentan el poder. Desde esta óptica, para los planes de los socialistas resultaría estratégico frenar en la medida de lo posible todos los intentos de avance del Ejecutivo regional.
 
El PSOE, a su vez, no renuncia a hacerse con el control de la Comunidad Autónoma, al precio que sea. Se quedó a las puertas de conseguirlo tras las elecciones autonómicas de primavera de 2003, que ganó el PP aunque la suma de escaños de socialistas e Izquierda Unida daba el poder a los socialistas, pero el escándalo de los tránsfugas Tamayo y Sáez y todo lo que salió a la luz como consecuencia de ello forzaron una nueva convocatoria a las urnas en las que los populares mejoraron sus resultados y se alzaron con la mayoría absoluta en la Asamblea y, en consecuencia, con el Gobierno. Ahora, el PSOE ya ha empezado a ejecutar su estrategia para tratar de recuperar el poder en Madrid, con el apoyo –por lo visto, en todo lo que haga falta- del Ejecutivo central. En cualquier país de Europa, todo esto resultaría inadmisible porque, por encima de todo, están los intereses de los ciudadanos; en España, en cambio, resulta que todo vale con tal de satisfacer ambiciones políticas.

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