La decisión de los bancos de ampliar a seis meses el plazo de embargo de viviendas, en caso de impago de los créditos hipotecarios, es un reflejo del momento tan delicado que viven las entidades financieras con motivo de la crisis financiera internacional y de la crisis económica española. Enfrentadas como se encuentran a un serio deterioro de sus cuentas, como consecuencia del incremento de la morosidad derivada de los impagos de los préstamos para la adquisición de vivienda que con tanta alegría concedieron en el pasado, ahora las entidades financieras no tienen más remedio que buscar soluciones, las que sean, para evitar esos males que muchos informes vaticinan para muchas de ellas: bancos medianos y cajas de ahorros pequeñas y medianas.
La ampliación del plazo de embargo no es un gesto de generosidad para con quien tiene contraído un crédito hipotecario y, en estos momentos, no puede hacer frente a la letra del piso, sino una medida profiláctica contra lo que se les puede venir encima a las entidades financieras en los próximos meses. Los bancos y cajas aprendieron de la crisis de 1993, que también tuvo su vertiente inmobiliaria, que era mejor arbitrar soluciones que acudir a los embargos, después de encontrarse cargados de viviendas a las que eran incapaces de dar salida por el colapso del mercado que se produjo entonces. Eso deterioró sus balances y les generó cuantiosas pérdidas. Desde entonces, muchas entidades financieras obligan a suscribir un seguro que afronte el pago de la letra del piso en caso de que aquel a quien se le conceda un crédito hipotecario se quede sin trabajo.
Ahora se enfrentan a una situación similar, o incluso peor. La crisis económica marcha a pasos agigantados y el crecimiento del paro se está desbocando, corriéndose el riesgo de que los impagos de los créditos vayan a más y a una velocidad muy rápida. A ello hay que añadir que la carestía del petróleo y los alimentos, así como la subida de los tipos de interés, han mermado el poder adquisitivo de los trabajadores y, con él, la capacidad de muchas personas de afrontar una letra del piso que se ha encarecido en más de 600 euros anuales en los últimos doce meses, más las subidas acumuladas en los dos años anteriores. Todo apunta, por tanto, a que la morosidad va a ir a más de aquí en adelante y los bancos y cajas tratan de protegerse ampliando el plazo de los embargos.
Esta decisión, además, tiene una segunda vertiente. En el momento en que se produce esa ampliación, las entidades crediticias no están obligadas a contabilizar esos préstamos como morosos sino como de dudoso cobro, lo cual evita un deterioro aún mayor de sus balances del que ya están experimentando. Gracias a ello, las posibilidades de obtener financiación en los mercados no se ven tan perjudicadas, que ya lo están bastante, lo que supone un balón de oxígeno para muchas de ellas, una vez que el crédito se ha vuelto escaso a raíz de la crisis internacional y después de que el Banco Central Europeo haya decidido cerrar el grifo de la financiación barata. Para un buen número de estas entidades hoy por hoy resulta casi imperioso conseguir esa financiación para evitar verse inmersas en situaciones próximas a la suspensión de pagos o a la quiebra a las que les ha llevado la forma tan imprudente en la que se han dedicado a conceder créditos hipotecarios y al sector inmobiliario de bajo coste, jugando arriesgadamente con las posibilidades de financiación barata que venía ofreciendo hasta ahora el BCE. Un juego que, visto lo visto, les ha salido bastante mal a muchas de ellas.
Por supuesto, las familias que se vean en la penosa situación de tener que dejar de pagar la letra del piso sin duda agradecerán este periodo de carencia que les permite intentar recomponer su situación económica a través de la búsqueda de un nuevo empleo, si es el paro el causante de la morosidad. Y los bancos y cajas pueden encontrar en él un salvavidas temporal, que no definitivo porque eso no resuelve sus problemas; sólo les proporciona tiempo para sanearse. A partir de ahí, todo dependerá de las políticas que sigan, pero también del Gobierno, puesto que si sigue empeñado en no tomar medidas para afrontar la crisis y frenar la inflación y el déficit público, la prima de riesgo que van a exigir los inversores, que de hecho ya están exigiendo, pondrá a las entidades financieras las cosas todavía más difíciles. Parece que la tormenta perfecta que está castigando a la economía española también les alcanza a ellas.