La OPA de Gas Natural sobre Iberdrola merece un ‘no’ de la Comisión Nacional de la Energía, del Tribunal de Defensa y del Gobierno por tres razones.
La primera razón, la que afecta a la CNE, es sencilla. El plan financiero y de desinversiones presentado por la compañía que preside Antoni Brufau supone paralizar inversiones por valor de 4.100 millones de euros y unas desinversiones por importe de otros 5.000 millones de euros cuya finalidad es transferir fondos a los accionistas, refinanciar el alto endeudamiento y amortizar un elevado fondo de comercio, resultantes ambos de la OPA que ponen en peligro las inversiones comprometidas en el plan energético nacional. La misión de la CNE es velar porque ninguna operación empresarial, tenga las características que tenga y sean quienes sean sus protagonistas, ponga en tela de juicio el abastecimiento energético presente y futuro del país y la calidad del mismo. Esta sola razón basta para justificar su negativa.
En el caso del Tribunal de Defensa de la Competencia, la cosa es más sutil y se centra sobre todo en el gas. Gas Natural es el principal comercializador y distribuidor en España de esta fuente de energía, con una cuota de mercado que ronda el 72%. Su principal competidor es Iberdrola, con una cuota próxima al 8%. Estos porcentajes bastan por sí solos para que el TDC tenga bastantes dudas sobre la operación. Pero si se tiene en cuenta que el plan de desinversiones de Gas Natural se centra en la parte eléctrica y apenas afecta al gas, la conclusión es inmediata: con la OPA, Gas Natural se traga a su competidor y hace desaparecer la competencia en el sector. Si esa desaparición fuera producto de otras circunstancias, como una excelente gestión de Gas Natural y una pésima de Iberdrola, lo que, al menos en el segundo caso, no es verdad, entonces no habría nada que decir; son las cosas que ocurren en los mercados libres a los competidores ineficientes. Pero este caso es muy distinto; es el de un competidor que se ‘traga’ al otro. A eso, el TDC debe decirle ‘no’ con rotundidad.
Por último, está el Gobierno, o, mejor dicho, la política, que es lo que hay detrás de una operación puesta en marcha, con toda la intención, justo en el momento de mayor debilidad del Ejecutivo, cuestionado por la crisis del Prestige y por su apoyo a la guerra de Irak, y con las elecciones autonómicas catalanas en puertas. La base de la operación es la necesidad de contar con una empresa energética multiservicios en Cataluña para que cualquier intento soberanista serio sea viable. Por eso, la operación obtuvo rápidamente el apoyo del PSC-PSOE de Pasqual Maragall. La cosa, sin embargo, no concluye aquí. En el plan de desinversiones de Gas Natural está prevista la venta de las centrales hidráulicas, las cuales proceden en su totalidad de Iberduero, la eléctrica vasca que, con su fusión con Hidrola dio origen a la actual Iberdrola. Esas intenciones provocaron rápidamente los movimientos del PNV con el fin de hacerse con ellas, directamente a través de Ebe o indirectamente mediante Hidrocantábrico, controlada ésta por sus amigos del PSOE a través de Cajastur. De esta forma, los nacionalistas vascos se dotarían, como los catalanes, de una empresa vital para sus aspiraciones soberanistas. ¿Creen que el Gobierno debe dar el sí a la OPA con semejante telón político de fondo?
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