Las Cortes de Castilla, las más antiguas del mundo por mucho que el Parlamento inglés reivindique ese honor, se crearon con la finalidad esencial de aprobar las subidas de impuestos que pedía el rey. Ese papel ahora parece que ha quedado un poco desvirtuado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acaba de anunciar que en 2002 subirán los impuestos especiales, que llevan tres años congelados. El incremento, según Montoro, será moderado, probablemente en la misma cuantía que la previsión de inflación para el año próximo. Hasta ahí no hay nada que decir porque se trata, básicamente, de una actualización de unos gravámenes que se encuentran entre los más bajos de Europa con diferencia.
La medida puede afectar no sólo al impuesto sobre alcoholes sino también a los de matriculaciones y tabaco. El impuesto especial de la electricidad, en cambio, como está transferido íntegramente a las comunidades autónomas dependerá de lo que quieran hacer ellas en sus respectivas leyes presupuestarias. Además, Montoro está decidido a sacar adelante la famosa e impopular tasa sobre la gasolina. Bien, son decisiones políticas y cada cual tendrá que asumir el coste que le corresponda por ellas.
Lo que llama la atención en todo esto es que esas medidas se van a aprobar a través de enmiendas en el Senado a la ley de acompañamiento. Ese es el quid de la cuestión, porque si la intención del Gobierno era aprobar esa subida, debería haberlo dicho desde el principio, con el fin de dar lugar en el Congreso de los Diputados al pertinente debate sobre la política tributaria del Ejecutivo. Por supuesto, en la Cámara Alta ese debate también puede tener lugar, pero no es lo mismo porque allí no comparecen los primeros espadas de los distintos partidos y sus trabajos pasan bastante desapercibidos para el gran público. En cierto modo, por tanto, con este truco se ha arrebatado al Parlamento una posibilidad de debatir a fondo una cuestión que interesa a todos. El PP, por supuesto, está legitimado para utilizar esta estrategia con el fin de disminuir el coste político que conlleva cualquier subida de impuestos. Pero va en contra de lo que dijo tantas veces de revitalizar el Parlamento. De eso debe tomar buena nota.
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