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Emilio J. González

Un fallo instructivo

La Comisión Europea acaba de pronunciarse en contra de las ayudas fiscales del País Vasco y Navarra a la instalación de empresas en sus respectivos territorios. El contenido del fallo, contrario a los créditos fiscales y las vacaciones tributarias concedidas a las compañías, es el que se esperaba. El Tratado de Roma condena explícitamente este tipo de ayudas, por considerarlas subvenciones y, por tanto, que atentan contra la libre competencia en el seno de la UE. Por tanto, desde esta óptica, el fallo del Ejecutivo comunitario no entraña problemas.

La postura de la Comisión, sin embargo, sí tiene interés desde otras ópticas. Por ejemplo, el colegio de comisarios no ha condenado nunca el hecho de que el tipo del Impuesto de Sociedades en el País Vasco sea más bajo que en el resto del territorio español. Eso quiere decir que, implícitamente, el Ejecutivo comunitario admite el manejo de los tipos impositivos para captar inversiones. En cierto modo, es lo que ha hecho Irlanda, con un tipo de Sociedades del 10%, o Portugal, que lo ha reducido al 25% en las zonas más deprimidas del país para atraer inversiones a ellas. O sea, la competencia fiscal es válida. Y eso debería tenerlo en cuenta el Gobierno español ahora que se negocia el nuevo modelo de financiación autonómica, puesto que la capacidad de manejo del Impuesto de Sociedades puede suponer una oportunidad de desarrollo para algunas autonomías.

Un segundo elemento a tener en cuenta es el del rechazo a las vacaciones fiscales. El Gobierno no debe perder de vista este asunto puesto que en el programa electoral del Partido Popular se habla de la exención del pago de impuestos durante dos años para las empresas de nueva creación, una promesa que el presidente del Gobierno, José María Aznar, ratificó hace poco más de un año en su discurso de investidura. Pero esa política, si se lleva a cabo, podría equipararse con las vacaciones fiscales vascas y, por tanto, suscitar las críticas y la prohibición a la misma por parte de la Comisión Europea. El Gobierno, por tanto, debe negociar con Bruselas esta cuestión para evitarse disgustos y poder sacar adelante una buena idea para estimular la vocación empresarial, la creación de empresas y la generación de puestos de trabajo, de riqueza y de bienestar.

El Ejecutivo comunitario, con su fallo sobre las vacaciones fiscales vascas, ha fijado con claridad su posición. Por ello, el Gobierno no puede llamarse a engaños si no articula la estrategia adecuada.

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