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Emilio J. González

Un golpazo a la credibilidad

ZP piensa más en términos de cortoplacismo y demagogia económica y ha actuado en consecuencia, sin pararse a pensar en las nefastas consecuencias que su decisión va a tener para el futuro de la economía española.

Emilio J. González
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La decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que finalmente se apruebe la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que quería el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, frente a la negativa del vicepresidente económico, Pedro Solbes, supone acercar la política económica y la credibilidad de la economía española a un terreno muy peligroso.
 
Solbes rechazaba el incremento del SMI porque puede tener unas consecuencias inflacionistas innegables, ya que puede provocar una subida salarial más allá de lo deseado que las empresas podrían terminar por trasladar a los precios. Y eso se produce en un país que termina 2004 con una inflación del 3%, presionada al alza por la cotización del crudo, que puede encontrarse en 2005 con que los tipos de interés que fija el Banco Central Europeo, en vez de subir, como nos convendría para frenar las tensiones inflacionistas, acaben por bajar para compensar el efecto de la fortaleza del euro y tratar de atajarla. En este contexto, lo menos adecuado para restaurar la estabilidad de precios es aprobar medidas como la subida del SMI. Solbes lo sabe. Por eso mismo, el vicepresidente económico se negó en rotundo a que el precio de los billetes de Renfe se incremente el 6% en 2005, como pretendía la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Sin embargo, la opinión de Zapatero es otra. ZP piensa más en términos de cortoplacismo y demagogia económica y ha actuado en consecuencia, sin pararse a pensar en las nefastas consecuencias que su decisión va a tener para el futuro de la economía española.
 
Las consecuencias son perniciosas porque, además de lo que representa la subida del SMI en sí misma para la inflación, la decisión conlleva una pérdida de credibilidad de la economía española en un doble sentido. Por un lado, los esfuerzos de Solbes y su equipo por lanzar mensajes de tranquilidad y confianza, de retorno a la estabilidad, caen en saco roto cuando después se producen cosas como ésta. Semejantes hechos no pasan desapercibidos para nadie, ni para los mercados, ni para las empresas, ni para los agentes sociales, todos los cuales incorporan en sus expectativas si la política económica es creíble o no y actúan en consecuencia. Y ahora esa política es menos creíble que antes de que se celebrara el último Consejo de Ministros del año.
 
Para más inri, lo que pasó en la reunión con la que el Gobierno cerró el ejercicio 2004 tiene mucho de desautorización hacia un Solbes que un día sí y otro también tiene que librar una dura batalla para que la economía siga caminado por la buena senda. La sensación de que el vicepresidente económico no manda, o manda poco, es cada día mayor y cosas como éstas no hacen más que arrojar más leña al fuego. ZP, sin embargo, no debería jugar con estas cosas. El nombramiento de Solbes como titular de Economía fue lo que detuvo el desplome de los mercados financieros españoles que siguió a la victoria de los socialistas en las elecciones del 14-M ante las dudas que suscitaban las propuestas de política económica del programa del PSOE. Solbes fue un bálsamo para aquella situación por su imagen de ortodoxia y eficiencia y, de esta manera, se convirtió en el principal activo del Gobierno de cara al mundo económico. Pero al desautorizar ZP a Solbes como lo está haciendo, está dilapidando ese activo y, con ello, deteriorando la credibilidad de la economía española. Eso se acaba pagando caro. Por desgracia, la factura no se le pasa sólo al Gobierno o al PSOE; la recibimos todos los ciudadanos.

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