¿Qué va a hacer el Gobierno cuando, a principios de 2006, el Consejo de Ministros tenga que decidir si da luz verde o no a la OPA de Gas Natural sobre Endesa y si pone o no condiciones? Porque, desde el primer momento, el Ejecutivo no ha hecho más que apoyar la operación, cosa que sabían de sobra en la gasista catalana y, sin embargo, día tras día surgen nuevos problemas legales en torno a ella.
Cuando Gas Natural presentó la OPA y anunció el acuerdo con Iberdrola para vender a esta última activos de Endesa por importe de 9.000 millones de euros, la compañía catalana dijo que en todo ello no había problemas con las autoridades de defensa de la competencia. Sin embargo, es muy posible que, gracias a la seguridad que le daba el respaldo del Gobierno, la gasista haya intentado vender la piel del oso antes de haberlo cazado. Porque resulta que ahora sí puede haber dificultades y limitaciones en ese ámbito. Los obstáculos vendrían del lado del acuerdo con Iberdrola que, según la legislación española en materia de defensa de la competencia es ilegal. De acuerdo con la ley, cuando se produce una operación de concentración como ésta, sobre todo en un sector tan intervenido como el energético, el Ejecutivo puede obligar a las compañías a realizar toda una serie de desinversiones, donde, como y cuando diga el Gabinete. Esa es su potestad porque de lo que se trata es de que la competencia en los mercados no se vea perjudicada por operaciones de este tipo. Por ello, el Gobierno fija el plan de desinversiones, no las empresas. Sin embargo, con el acuerdo con Iberdrola, Gas Natural se ha arrogado para sí unos poderes que, en teoría, no le corresponden.
Si en todo este turbio proceso hubiera un poco de decencia y de justicia, el Tribunal de Defensa de la Competencia debería advertir sobre este punto y el Consejo de Ministros rechazarlo y establecer sus propias condiciones. Pero eso es lo que dice la teoría, porque la práctica en esta operación, hasta ahora, enseña todo lo contrario. Aunque después de lo que ha pasado con Bruselas, que tuvo que renunciar a analizar la operación tras la entrevista de Zapatero con Durao Barroso, el presidente de la Comisión, y que, desde el primer momento, Portugal ha dirigido sus principales críticas a esta operación precisamente contra el pacto Gas Natural-Iberdrola, el Gobierno podría verse obligado a declarar nulo dicho acuerdo. Eso, más que un serio revés para la gasista, podría significar un golpe demasiado duro a las posibilidades de que la OPA triunfe.
No hay que olvidar que Gas Natural es una compañía mucho más pequeña que Endesa y, por tanto, carece por sí sola de los recursos necesarios para tragarse, como pretende, un bocado tan grande. La ayuda financiera del dueño de la gasista, La Caixa, ni siquiera resulta suficiente para dar satisfacción a tan enormes ambiciones. Por ello, Gas Natural necesita apoyarse en los activos de la propia Endesa para poder pagar la OPA, en caso de triunfo. Así, la gasista catalana puso el grito en el cielo cuando conoció las intenciones de la eléctrica de pagar un fuerte dividendo con cargo a sus resultados y otro aún mayor proveniente de las plusvalías de la venta de la participación de Endesa en Auna. Gas Natural necesitaba que esos recursos permanecieran en Endesa para pagar con ellos la OPA y, a su favor, contó con la parcialidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero todo se ha venido abajo después de que la Audiencia Nacional conminase al organismo que preside Manuel Conthe, a permanecer neutral en todo este asunto.
Si ahora la gasista se ve obligada a romper su acuerdo con Iberdrola, el golpe podría ser definitivo porque dicho acuerdo, en el que ya se han establecido qué activos serán enajenados y a que precio, supone un aval claro para que Gas Natural pueda pedir créditos para financiar la OPA con cargo a los ingresos procedentes de esa venta, créditos que, por otra parte, le saldrían baratos debido a contar con esa garantía. Pero la ruptura del acuerdo dejaría todo en el aire y la operación se encarecería demasiado para Gas Natural quien, a falta de dinero suficiente para lanzar una OPA en condiciones, ha acudido a las estrategias desplegadas por los tiburones de Wall Street en la década de los ochenta, cuando financiaban las tomas de control de empresas con bonos basura, con la caja y con la venta de activos de la propia compañía que pasaba a sus manos. Es, en parte, a lo que se dedicaba Gordon Gekko, el personaje protagonizado por Michael Douglas en la película Wall Street de Oliver Stone, inspirado en las actividades de Robert Kravis, uno de los fundadores de KKR, el tiburón por antonomasia de los ochenta. Gracias a la gasista catalana, ahora vemos en España, en vivo y en directo, lo que antes habíamos contemplado a través de la prensa y de la gran pantalla, esto es, una de tiburones.
En este estado de cosas, lo que decida a principios de 2006 el Consejo de Ministros en torno a la OPA será transcendental para el curso de los acontecimientos. Si actúa conforme a la ley y a lo que se debe esperar de un Ejecutivo, romperá el acuerdo entre Gas Natural e Iberdrola, poniendo muy difícil a la gasista culminar la operación. La cuestión, por desgracia, es si con todos los intereses políticos que hay de por medio, el Gobierno actuará como debe porque, por ahora, el informe remitido al Tribunal de Defensa de la Competencia por el Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía y que actúa como fiscal en estos asuntos, no habla del acuerdo.
