El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Blas Calzada, acaba de hacer unas declaraciones muy poco afortunadas, tanto por su contenido como por haberlas hecho desde un cargo como el suyo. Según Calzada, el Gobierno no debería modificar la ley de OPAs hasta que se conozca la directiva europea en esta materia, a pesar de los casos recientes de Metrovacesa, Vallehermoso y Sacyr, en los que no se tuvo en cuenta al colectivo de pequeños accionistas.
Sobre el papel, el señor Calzada podría tener razón. Pero, de entrada, la directiva europea sobre OPAs lleva bastantes meses paralizada y, por el momento, las cosas no van a cambiar, sobre todo porque se oponen Alemania y el Reino Unido. Por tanto, la espera podría prolongarse indefinidamente cuando la protección de los derechos de los accionistas exige una respuesta inmediata. Pero aunque la directiva estuviera ya prácticamente lista, el Gobierno español tampoco podría esperar porque hasta su aprobación definitiva y su posterior incorporación a la legislación española también pasaría mucho más tiempo del deseable.
Después está la cuestión del contenido. Una directiva europea es una directiva de mínimos que lo que pretende, ante todo, es armonizar legislaciones con el fin, entre otras cosas, de poder avanzar hacia un mercado financiero único. Pero ese tipo de normas no tienen por qué descender hasta los niveles a los que quiere llegar el Gobierno. En más de un caso, incluso, las directivas comunitarias dejan muchos aspectos al desarrollo posterior de los distintos Gobiernos nacionales, y este podría ser el caso. De hecho, la principal preocupación del proyecto de directiva comunitaria está en todo lo referente a la utilización de información privilegiada y a la regulación de las OPAs lanzadas por compañías de un Estado miembro de la UE sobre empresas pertenecientes a otro Estado miembro distinto, pero hasta ahora no había entrado a fondo en una cuestión como la que se acaba de plantear en España con las últimas operaciones. Por ello, el Gobierno no puede ni debe esperar.
Todos estos motivos bastan para que Blas Calzada no hubiera dicho nada. Pero, además, su labor no es emitir opiniones como la que acaba de dar puesto que no afectan a la supervisión del mercado de valores, que es de lo que se debe preocupar bastante más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Asimismo, de sus palabras parece desprenderse una preocupación mayor por las empresas y sus intereses que por los accionistas. Y alguien que preside un órgano como la CNMV debe tener su punto de mira puesto en otra parte.
En Opinión
Servicios
- Radarbot
- Libro