Las ideas sobre la reforma del IRPF que acaba de avanzar el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, son como una canción a la que todavía no se han incorporado los arreglos: la partitura escrita hasta ahora no parece mala, pero solo es un borrador que todavía puede sufrir bastantes modificaciones antes de adoptar una forma final de la que por ahora únicamente se intuye una parte.
Solbes ha hablado de rebajar el impuesto y de que su tarifa tendrá entre dos y cuatro tramos. Esta propuesta parece lógica en tanto en cuanto contribuye a simplificar el gravamen personal sobre la renta pero que baje o no es otra cosa porque depende de dos elementos, los tipos impositivos y las deducciones en la cuota. La intención declarada del Gobierno es recortar los tipos, pero también suprimir toda una serie de deducciones que pueden resultar al final en que el ciudadano acabe pagando más dinero a Hacienda.
No obstante, habrá que esperar a ver qué pasa con las deducciones porque, al menos en una de ellas, la de vivienda, el Ejecutivo ya ha dado marcha atrás. La idea inicial era eliminarla. De hecho, Sebastián insistió a principios de la legislatura que la desgravación por adquisición de una casa tendría que haber desaparecido del IRPF en 1999 y, de esta forma, haber suprimido uno de los elementos que han impulsado la drástica subida de los precios inmobiliarios en los últimos años. Esta medida, sin embargo, resulta impopular en extremo debido a la enorme carestía de la vivienda y, además, de llegar a ponerse en marcha podría dar lugar al pinchazo de la denominada ‘burbuja inmobiliaria’. Por ello, donde el Gobierno dijo digo, ahora dice Diego y así Solbes acaba de anunciar el mantenimiento de la deducción del 15% con en límite actual de los 9.000 euros anuales.
Solbes también ha dicho que la intensidad de la rebaja del IRPF vendrá condicionada por un elemento: la evolución de la recaudación tributaria. Su punto de vista es lógico porque un recorte de impuestos que termine por traducirse en más déficit presupuestario es un problema para la economía española por lo que implica en sí mismo de subidas de los tipos de interés, de sustracción de dinero necesario para la inversión privada generadora de empleo y de presiones inflacionistas en uno de los países de la zona del euro con mayor tasa de crecimiento de los precios. Por consiguiente, su prudencia obedece a una lógica irrefutable. El problema es que las medidas de política fiscal aprobadas hasta ahora por el Gobierno del PSOE están impulsando el gasto público al alza, lo que o bien reduce el margen para acometer nuevos recortes de impuestos o bien éstos se traducen en déficit. Aquí Solbes puede encontrarse con problemas porque aunque el vicepresidente económico es un defensor de los equilibrios macroeconómicos, la política de gasto público, al final, viene condicionada con los pactos del PSOE con los partidos que apoyan al Gobierno de Zapatero. Y tanto ERC como IU han abogado por cosas como la derogación de la ley de estabilidad presupuestaria o el abandono de lo que estas formaciones denominan de manera errónea “fundamentalismo del déficit cero”.
El vicepresidente económico también sostiene que hay que tener en cuenta a las Comunidades Autónomas porque tienen cedida una parte importante del IRPF. En cierto sentido, el máximo responsable de la política económica tiene razón en tanto en cuanto hay autonomías con serios problemas financieros, como Cataluña o Andalucía. Pero Solbes nunca debería olvidar que un recorte de impuestos es una cuestión de política nacional que persigue unos objetivos económicos que afectan al conjunto del país y que, por tanto, si bien no debe perderse de vista la situación de las Administraciones Territoriales, éstas también deben sumarse a los esfuerzos nacidos en el Estado para mantener en el tiempo el dinamismo económico y del empleo, aunque sea a costa de tener que llevar a cabo esas reformas en sus gastos públicos que vienen demorando desde hace algún tiempo.
