Cuando el 40% de los españoles quiere suprimir las comunidades autónomas, o al menos reducir su autonomía, es imposible negar que nos encontramos ante una seria crisis institucional, para cuya resolución hay que acometer cambios profundos, no basta con unos meros parches. Pero antes conviene preguntarse si la alternativa de un Estado centralizado es la mejor solución. Personalmente creo que no, lo cual no me impide reconocer los terribles fallos del sistema autonómico, y pienso que lo que hay que hacer es corregir éstos, porque con un buen diseño de la estructura territorial del Estado todos salimos ganando. Me explico.
El punto de partida del fracaso del modelo autonómico es que se ha considerado a las comunidades autónomas como entidades políticas, cuando lo que tienen que ser es meras unidades de gestión descentralizada de servicios públicos. Desde esta perspectiva, lo primero que habría que hacer es acabar con esa consideración de las autonomías, lo cual tiene implicaciones importantes, porque si las autonomías no son entidades políticas, sino unidades de gestión, no se necesitan, ni se tiene por qué tirar dinero en ello, televisiones y radios públicas autonómicas, ni tribunales regionales de justicia, ni consejos económicos y tribunales de la competencia regionales, ni policías autonómicas, ni nada por el estilo; con lo que este país se ahorraría un verdadero dineral en impuestos, y éstos se dedicarían a lo que se tienen que dedicar.
A partir de ahí, las competencias autonómicas deberían centrarse en tres cuestiones: sanidad, educación y desarrollo territorial; en el entendido de que las competencias en estos ámbitos no tienen que ser exclusivas de las comunidades autónomas, sino compartidas con el Estado. Las autonomías, por su proximidad al ciudadano, han sido muy buenas a la hora de detectar dónde se necesitaban centros de salud de atención primaria, módulos escolares o nuevos institutos de educación secundaria, y deben seguir desempeñando esta labor. Pero otros aspectos, como la política hospitalaria o la de universidades, debe quedar en manos del Gobierno central, como sucede en Alemania, para evitar disparates como que en este país existan 56 universidades públicas, con lo que ello implica de derroche de recursos y de pérdida de economías de escala en lo que se refiere a utilización de medios, desarrollo de nuevas líneas de enseñanza y potencial investigador. En cuanto a desarrollo territorial, éste debe comprender todas las políticas, incluida la de transportes, pero compartidas con el Estado, que impliquen o permitan los avances en el desarrollo económico y el nivel de renta de las respectivas autonomías. Todo lo que no entre dentro de estos ámbitos debería suprimirse de un plumazo. Por supuesto, para un número tan limitado de competencias tampoco hacen falta ni tantos diputados autonómicos, ni tantos consejeros en los gobiernos regionales, ni tantos asesores, ni tantos funcionarios ni tantos empleados públicos; y, ni mucho menos, tantas empresas autonómicas.
Como, además, también se trata de poner coto al despilfarro de recursos públicos, debe establecerse un modelo de financiación autonómica radicalmente distinto al actual, en el cual las autonomías tengan cedidos impuestos al cien por cien, con capacidad normativa, y puedan crear otros nuevos, pero sin participar en los ingresos del Estado. Este último, por su parte, debe establecer un sistema de transferencias para garantizar la misma calidad en los servicios de sanidad y educación, con independencia del nivel de renta de cada región, en todo el territorio nacional, y contribuir al desarrollo de las regiones más atrasadas con políticas diseñadas desde el Gobierno central o acordadas con el Ejecutivo regional de turno. De esta forma, quien quiera gastar más tendrá que subir impuestos y rendir cuenta de ello ante sus ciudadanos. De esta forma, también, se puede aprovechar lo mejor de la descentralización del Estado sin volver a incurrir en los errores del modelo autonómico actual.