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Emilio J. González

Una prueba de fuego

Emilio J. González
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha referido, en los micrófonos de la COPE, a la reforma del sistema de financiación autonómica que, según ha dicho, se realizará en esta legislatura y se centrará en la financiación de la sanidad. Este capítulo es, hoy por hoy, la patata caliente de los presupuestos regionales. El problema viene, en parte, del momento en el que el Ejecutivo del Partido Popular decidió transferir las competencias en materia de sanidad a las autonomías. El traspaso se hizo con una cantidad de dinero calculada muy a la baja; los ‘populares’ lo reconocieron y habían previsto solucionar el tema en esta legislatura, si hubieran ganado las elecciones.
 
La cuestión de la sanidad, sin embargo, no es general, sino particular de las comunidades autónomas que recibieron esta transferencia en la pasada legislatura, por ejemplo, Madrid. En cambio, Cataluña y Andalucía contaban con esta competencia desde hace bastante tiempo y allí el problema tiene una raíz muy distinta: los excesos cometidos por los respectivos Gobiernos autonómicos que acabaron por hinchar los gastos de esta partida presupuestaria. Ahora, los presidentes catalán y andaluz, Maragall y Chaves, piden el bálsamo del Estado para aliviar los problemas de sus sistemas públicos de salud, en el primer caso heredados y en el segundo creados por quien ahora pide socorro. Por eso, en esta legislatura se hablará de la financiación de la sanidad.
 
Las autonomías, sin embargo, culpan de todo al Estado cuando los Gobiernos regionales no han hecho nada para contener el gasto sanitario. Podrían, por ejemplo, haber introducido el copago en las recetas que expide la Seguridad Social, para frenar el crecimiento desbocado del gasto en medicamentos de los distintos sistemas públicos de salud. También podrían haberse decantado por una reordenación del conjunto del gasto público en su ámbito territorial, o por subir impuestos. Sin embargo, no han hecho nada de nada, en buena medida porque estas políticas son muy impopulares, y han optado por lo de siempre, esto es, porque ‘papa’ Estado les pase más dinero.
 
Todo ello no es obstáculo para reconocer que la financiación de la sanidad estaba viciada de partida porque el PP, al traspasar estas competencias, calculó demasiado a la baja la cantidad de dinero que debería haber transferido a las autonomías. Pero esta realidad no debe ocultar que los Gobiernos regionales han optado por la postura cómoda de reclamar al Estado. Y Zapatero, por ahora, ha cedido.
 
La legislatura, de todas formas, no ha hecho más que comenzar, por lo que habrá que esperar a ver de qué manera se concreta la reforma de la financiación autonómica para resolver los problemas de la sanidad. Pero, de momento, se ha sentado un mal precedente, que puede dar lugar a que las reivindicaciones financieras de las comunidades autónomas vayan a más. Ahí está Maragall pidiendo una reforma más profunda para obtener más dinero para Cataluña, aunque sea a costa de las demás regiones; ahí está también Chaves, que necesita más dinero para Andalucía pero que no quiere oír ni hablar de la propuesta catalana. Y en medio de todos se encuentra Zapatero, que ha estado muy bien al afirmar que el sistema de financiación autonómica es un pilar básico de la cohesión y la solidaridad interterritorial. La cuestión es si Maragall está de acuerdo con él. Carod Rovira, desde luego, no lo está. Por ello, la posición catalana será una prueba de fuego para Zapatero de importantes consecuencias económicas y políticas.

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