El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, acaba de anunciar la posibilidad de incrementar los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco para ayudar a resolver los problemas financieros de la sanidad. A primera vista, la decisión parece adecuada, pero la realidad es que no lo es tanto.
Una subida de los impuestos especiales, de entrada, afecta directamente a la inflación ya que se refleja en el índice de precios de consumo (IPC). Y aunque tenga lugar nada más que una vez, impulsa al alza el crecimiento de dicho índice y, por tanto, de la inflación, cuando buena parte del problema de competitividad que tiene nuestro país con el resto de la Unión Europea es, precisamente, una tasa de crecimiento de los precios de consumo sensiblemente superior a la media comunitaria. Además, la inflación se toma como referencia para la revisión de las pensiones y los salarios, con independencia de si su origen se encuentra en el incremento de los impuestos especiales o en otras razones. Por tanto, y desde este punto de vista, cargar más las tintas en la tributación del alcohol y el tabaco podría traer consigo un mayor gasto público en pensiones y una subida salarial algo más alta que seguiría echando más leña al fuego de la pérdida de competitividad de la economía española. En consecuencia, esta medida no parece la más adecuada en estos momentos si se atiende a las circunstancias macroeconómicas.
No obstante, en las decisiones del Ejecutivo influyen también otros aspectos, como los políticos. En este sentido, conviene tener presente la presión ejercida por Cataluña y Andalucía, las dos principales comunidades autónomas en las que gobierna el PSOE y las que tienen problemas más serios con la sanidad pública, que desde que Zapatero y los suyos llegaron al poder vienen reclamando el auxilio del Estado para solventar sus dificultades. Ese socorro parece que va a llegar ahora en forma de subida de impuestos para financiar la sanidad pública aunque, como ha dicho Solbes, sea de forma temporal. Seguramente, esa es la intención del vicepresidente económico, pero la experiencia enseña que cuando se adscribe la recaudación de un impuesto a un fin concreto, luego no se da marcha atrás, así es que lo que nace con la etiqueta de temporal acaba llevando la de permanente.
Esa naturaleza de las cosas sienta un mal precedente ahora que las autonomías cuentan con las competencias en materia de Sanidad. Lo que necesita el sistema público de salud es una reforma en profundidad de su gasto, para contenerlo. Es algo que vienen advirtiendo desde hace años el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE e, incluso, el propio Banco de España, por el problema presupuestario que supone una partida muy importante y que crece a tasas próximas a los dos dígitos. Esa reforma es necesaria y Solbes así lo entiende, pero si las autonomías aprenden que, a pesar de todo, el Estado seguirá aportando dinero para resolver sus problemas con la sanidad pública, esa reforma, que no es precisamente muy popular, nunca llegará.
El Estado, por tanto, no debería inmiscuirse en esta cuestión, por mucho que Solbes justifique esta actuación con el argumento de que el problema lo generó el sistema de financiación autonómica de 2001. Si lo que pretende el PSOE es resolver el problema a base de más dinero para la sanidad pública, lo que debe hacer, como también dice Solbes, es que sean las propias autonomías las que decidan, por su cuenta y riesgo, subir los impuestos y, de esta forma, responder directamente ante sus ciudadanos de su gestión. Para eso se ha establecido el sistema de corresponsabilidad fiscal. Ahora bien, por mucho que se ingrese, el problema del gasto seguirá ahí y exige atención.
Además, no está, ni mucho menos, garantizado, que las subidas de impuestos sobre el alcohol y el tabaco vayan a aportar más recaudación. La experiencia europea, en este sentido, habla justamente de lo contrario, de caída de la recaudación. Por consiguiente, una mayor presión fiscal no sólo no es la panacea para resolver los problemas, sino que los puede agravar. A la luz de estos hechos, la reforma del gasto sanitario resulta ineludible. ¿No sería mejor que en la conferencia entre el Gobierno y los Ejecutivos regionales se planteara esta cuestión y se olvidara el asunto de las subidas de impuestos?
