Hace unos días, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunía con un grupo de empresarios, los cuales le pidieron su opinión sobre la huelga general del 20-J. La respuesta de Zapatero fue la siguiente. “A mi no me gusta la huelga y a los que la han convocado tampoco”. A la luz de los resultados, y de la forma en que el líder socialista rebajó el tono de apoyo al paro general, se comprende perfectamente que la convocatoria no le gustase ni a él ni a los sindicatos. El fracaso estaba cantado de antemano.
Otro detalle. Los sindicatos odian profundamente a El Corte Inglés porque es la única empresa española que nunca se ha dejado amedrentar por los mal llamados "piquetes informativos" y ha abierto sus puertas en toda España los días de huelga general. El 20-J pasó lo mismo, pero hubo una diferencia. En el centro que posee esta cadena comercial en el madrileño Paseo de la Castellana, los mismos miembros de los piquetes que presionaban a trabajadores y clientes para que secundaran la huelga y que lanzaban huevos contra las puertas y los escaparates, luego entraban en la cafetería del mismo para tomar una cerveza, comer o tomar café. Y es que, visto lo que se ha visto el 20-J, ni los mismos piquetes creían en el éxito de la convocatoria.
Todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿y ahora, qué? El PSOE, desde luego, no se ha salido con la suya, pero más grave es el resultado para los sindicatos, que, con esta convocatoria injustificada, han quemado de forma absurda sus armas de presión contra el Gobierno. UGT y Comisiones Obreras llamaron a la huelga para desgastar al Ejecutivo y los que han salido trasquilados han sido ellos: ni han conseguido paralizar al país, ni que todos los sindicatos se sumaran a la convocatoria -es significativo el rechazo a la misma de los sindicatos de funcionarios y de maquinistas de RENFE-, pero sí que han logrado el rechazo de unos ciudadanos que miran a las centrales, en el mejor de los casos, con un escepticismo creciente. Esos mismos ciudadanos será difícil que secunden una nueva convocatoria de huelga general en esta legislatura, si es que a los sindicatos les quedan ganas de intentarlo de nuevo.
Las centrales, por tanto, han perdido mucho con el 20-J, especialmente capacidad de presión sobre el Gobierno si quiere plantear en el futuro nuevos proyectos relacionados con el mercado de trabajo, como la Ley Básica de Empleo en la que el Ejecutivo está trabajando en estos momentos. Los sindicatos han perdido buena parte de su fuerza para oponerse a esta y otras políticas si consideran necesario hacerla, pero eso no es culpa de nadie excepto de ellos mismos por convocar una huelga de carácter eminentemente político que los ciudadanos no respaldaban.
¿Es buena esa debilidad sindical? En la pasada legislatura, las centrales fueron un actor importante a la hora de alcanzar los logros en materia económica que consiguió el Gobierno del PP. Su responsabilidad y su aceptación de la moderación salarial permitieron que se redujeran el déficit público, la inflación y los tipos de interés y, con ello, que España entrara en el euro y que creara más de dos millones y medio de puestos de trabajo. Ahora, sin embargo, los lideres sindicales han decidido cambiar de opinión para jugar a que el PP pierda la mayoría absoluta en las próximas elecciones generales, como poco. Los sindicatos, sin embargo, no están para hacer política, sino para defender de verdad y con sensatez a los trabajadores. Esa debilidad que van a padecer a partir de ahora es posible que sea buena porque no podrán volver a plantear en esta legislatura irracionalidades como esta convocatoria de huelga general y porque, además, les podría obligar a hacer de una vez por todas examen de conciencia y cambiar de actitud y de objetivos. La cruz de la moneda es que las centrales constituyen un contrapeso a los poderes empresarial y político, que no siempre se ejercen con la debida rectitud. Y eso no es bueno para una sociedad democrática cuyo buen funcionamiento se basa, precisamente, en ese equilibrio.
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