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Y de RTVE, ¿qué?

Ya que el Ejecutivo no está por prohibir las televisiones públicas autonómicas, por lo menos ha tenido el valor de coger el toro por los cuernos y abrir las puertas a la gestión privada de las televisiones públicas o, incluso, a su privatización.

Emilio J. González
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El Gobierno acaba de aprobar el anteproyecto de ley por el cual las autonomías podrán privatizar o cerrar las televisiones regionales. Sin duda debe darse la bienvenida a este proyecto por muchas razones. Pero, ¿y qué pasa con el ente público Radio Televisión Española, de titularidad estatal?

El Gobierno no quiere que las televisiones autonómicas sigan siendo una máquina de generar pérdidas que después tienen que cubrirse con dinero público, es decir, con los impuestos de todos. En una situación de crisis fiscal como la actual, esa es una situación que no puede mantenerse. Por ello, el anteproyecto de ley impone a las autonomías que quieran mantener abiertos los canales autonómicos que éstos tengan sus cuentas equilibradas. Esto es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, porque la financiación de sus pérdidas con cargo a los presupuestos regionales no es otra cosa que competencia desleal con el sector privado que se lleva a cabo, además, para satisfacer fines políticos concretos y contrarios al interés público o nacional. Por ello, lo mejor hubiera sido directamente prohibir las televisiones públicas autonómicas. Pero ya que el Ejecutivo no está por llegar a tanto, por lo menos ha tenido el valor de coger el toro por los cuernos y abrir las puertas a la gestión privada de las televisiones públicas o, incluso, a su privatización, lo cual debe ser bienvenido.

Ahora la cuestión es por qué no se hace lo mismo con Televisión Española. La justificación de una televisión pública es ofrecer aquel tipo de contenidos en que no entran las televisiones privadas, por ejemplo, teatro, ballet, ópera, música clásica o cualquier otro de naturaleza cultural o educativa. Lo que no está justificado es que Televisión Española compita con los canales privados con programas de concursos, películas, deportes y otras ofertas de ocio y entretenimiento que dichos canales están dispuestos a ofrecer. De la misma forma, tampoco está justificada la utilización de los informativos de Televisión Española para favorecer al partido en el poder, como viene siendo la pauta habitual en nuestro país desde hace muchos años. Una crítica, ésta, que se debe extender también a las televisiones autonómicas. Por ello, de la misma forma que el Gobierno está tomando medidas para que las autonomías puedan privatizar sus canales regionales, el Ejecutivo debería estar pensando también en qué va a hacer con el ente público Radio Televisión Española. Desde mi punto de vista, creo que deberían privatizarse tanto la 1, como Clan TV y TVE 24 horas y estudiar, de la misma forma, la privatización de algunos de los canales de Radio Nacional de España. Ahora que el Gobierno se ha embarcado en el saneamiento de las empresas audiovisuales autonómicas, debería hacer lo mismo con la televisión nacional.

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