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Emilio J. González

Zancadillas al empleo

Emilio J. González
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Los intentos del Gobierno de poner orden en todo este marasmo de políticas activas de empleo que impide profundizar en la creación de puestos de trabajo y la reducción del paro, están topando con la oposición política del PSOE, el PNV y, sobre todo, CiU, que está dejando al lado el tradicional ‘seny’ catalán de que ha hecho gala en muchos aspectos de la política económica para lanzarse por una senda peligrosa. Los convergentes se han sumado a los ‘peneuvistas’ y a unos socialistas que, incapaces de ganar unas elecciones generales, quieren hacerse fuertes en sus feudos autonómicos y convertirlos en reinos de taifas, en su oposición a la reforma del Forcem. Esta reforma trata de unificar la formación que reciben los parados y acabar con la corrupción galopante que reina en él. Pero eso supondría que el manejo de los recursos y la elaboración de los planes formativos no estarían en manos autonómicas, lo que suscita el rechazo del ‘frente autonomista’; un rechazo fundamentado exclusivamente en razones políticas ajenas por completo a todo lo que pueda suponer una gestión eficiente de unos recursos destinados a ofrecer una oportunidad a muchos desempleados.

CiU, además, va más lejos. También se opone a la coordinación de los servicios públicos de empleo, con el fin de favorecer la movilidad del trabajo y, sobre todo, de resolver ese absurdo problema en un país con las tasas de paro de España en el que conviven provincias con pleno empleo muy necesitadas de mano de obra con otras en las que lo que abunda es el paro y lo que falta son las oportunidades de trabajo. Esta disfunción tiene mucho que ver con la rigidez del mercado de alquileres pero, sobre todo, con un hecho muy particular. El mal funcionamiento del servicio público de empleo, el Inem, supone que todos los años se queden aproximadamente medio millón de puestos de trabajo sin cubrir, de los cuales cuatrocientos mil son en Cataluña.

Esto se debe a la negativa de la Generalitat de integrar su servicio de empleo en el conjunto nacional, una negativa que obedece a una simple y sencilla razón política. Si a la región llegan cuatrocientas mil personas de fuera de Cataluña, algunas incluso acompañadas de su familia, su presencia y sus derechos electorales diluirían el voto nacionalista y favorecerían el apoyo en las urnas a los partidos españolistas, cosa que CiU no quiere que suceda bajo ningún pretexto. De ahí su negativa a la integración del servicio de empleo catalán mientras abren oficinas de empleo en otros países para captar mano de obra inmigrante, más fácil de adoctrinar políticamente conforme a los intereses de la coalición catalanista.

¿Hasta dónde llegará esa negativa? Si el Estado hace prevalecer el imperio de la ley, formalmente no muy lejos. Pero hay que estar atentos porque siempre acaban por aparecer atajos y subterfugios para eludir el cumplimiento de la ley. Evitarlo es misión del Gobierno.


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