El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que las políticas del Ejecutivo no tienen nada que ver con la inflación, porque el repunte de los precios de consumo se debe a los alimentos y al petróleo, que son variables que no se controlan desde el BOE. La realidad, sin embargo, es muy distinta y lo cierto es que la política económica del gabinete, o su ausencia, tienen bastante que ver con la evolución de los precios en nuestro país y su impacto inflacionista.
Es verdad que los precios del crudo se fijan en los mercados internacionales y que dependen tanto de circunstancias geopolíticas como las tensiones entre Turquía y los kurdos o entre Estados Unidos e Irán, de la fuerte demanda creciente de los dos países más poblados del mundo: China e India. Pero también es cierto que el impacto inflacionista de la subida del petróleo sobre la economía española sería mucho menor si desde el Gobierno se hubiera actuado para reducir la dependencia energética del exterior, cosa que no se ha hecho. De la misma forma, si el Ejecutivo hubiera llevado a cabo reformas estructurales para introducir más competencia en la distribución de hidrocarburos, el impacto sería menor. Esas reformas, entre otras cosas, tendrían que haber ido destinadas a acabar con una perniciosa situación que se da en España: las petroleras recogen casi al instante y en casi su totalidad el encarecimiento del crudo, pero no su abaratamiento. Sin embargo, como desde el principio el Ejecutivo renunció a llevar a cabo nuevas reformas estructurales, ahora nos vemos en la que nos vemos.
Lo mismo cabe decir respecto de los alimentos. La gran subida de precios no se está produciendo a nivel de los agricultores, sino en los canales de distribución. Ello se debe, en parte, a que la ley de comercio aprobada por Montilla en su etapa como ministro de Industria y Comercio, lejos de incentivar la competencia en el sector, la restringe, evitando de esta forma que los ciudadanos se beneficien de precios menores. Pero también se debe, en parte, a que no se han tomado medidas para introducir una competencia efectiva en los mecanismos de distribución mayorista de los alimentos, que vienen siendo necesarias desde hace años. Por tanto, el Gobierno no puede decir que su política no tenga nada que ver con la inflación: no la provocará, pero sí la amplifica.
Lo peor de todo, sin embargo, no está ahí sino en los mensajes inflacionistas que está enviando Zapatero. Cuando se impone el apretarse el cinturón, el presidente del Gobierno no hace más que hablar de subidas del salario mínimo interprofesional y de determinadas prestaciones sociales que se perciben en forma de renta que, además de alimentar la inflación, envían mensajes para que los sindicatos reclamen mayores alzas salariales que, de producirse, pueden desembocar en una espiral salarios-precios que ponga las cosas todavía más difíciles. Además, el Gobierno ha renunciado a utilizar el gran arma de que dispone para luchar contra la inflación a corto plazo, el presupuesto, por razones electoralistas. En circunstancias como las actuales, y sin poder manejar los tipos de interés, el objetivo del Ejecutivo en materia presupuestaria tendría que haber sido el incrementar aún más el superávit de las cuentas públicas. Lejos de ello, Zapatero se ha lanzado a compromisos de gasto electoralistas y a satisfacer las demandas presupuestarias de sus aliados nacionalistas que, además de poner en entredicho el equilibrio presupuestario, no hacen más que alimentar la inflación a base de introducir más y más dinero en la economía.
El Gobierno, por tanto, y en contra de lo que dice Zapatero, no solo es responsable de la inflación actual de España, sino del posible empeoramiento en el futuro a causa de las políticas electoralistas desplegadas para tratar de repetir una victoria en las urnas que parece escapársele de las manos.
