Desde hace dos legislaturas, viene planteándose el tema de la privatización de algunos canales autonómicos bajo gobierno del Partido Popular. Las televisiones públicas promovidas y financiadas por los gobiernos autónomos han recorrido el mismo penoso camino que TVE, aunque más acelerado, con independencia del partido político que las haya puesto en marcha o las “disfrute” –CiU, PP, PSOE o PNV–: cada vez mayor endeudamiento, menor perfil de servicio público y persistencia del control político.
En todo este tiempo, la situación ha empeorado. Los contenidos cada vez son más comerciales, los números están más rojos y, si la FORTA (organismo que agrupa las televisiones de las autonomías) ha ganado audiencia, ha sido a costa de compartir proyectos y, por tanto, obedecer cada vez menos a la razón de su creación –el fomento de la cultura de las autonomías– y de ofrecer programas de menor calidad.
De la privatización de Telemadrid ya no se habla. No parece que vaya entre las prioridades electorales de Esperanza Aguirre, así que tan sólo está prevista la de Canal 9, la televisión de la Comunidad Valenciana, pero con muchas incógnitas. De momento, no parece que haya un intento firme de “adelgazar” los costes pagados por el contribuyente, porque se han convocado a toda prisa 120 plazas fijas para la delegación de Alicante que se adjudicarán antes de las elecciones. El afán por estar en plantilla antes de que haya cambios puede primar sobre cualquier intento de saneamiento económico. Lo único que importa es dejar colocado a todo el personal de la última hornada, y después ya se verá cómo se administra el paquete.
La cuestión de los tiempos parece estar muy bien pensada por el Gobierno autónomo, pues el día 26 de abril se cierra el plazo de presentación de propuestas de empresas aspirantes y un mes después, justo al día siguiente de las elecciones autonómicas, se falla. El recurso del PSOE contra la ley de privatización no va a prosperar, ni tampoco hay indicios de que tengan mayor interés en meterse en este asunto en la campaña electoral. De modo que todo apunta a que estamos ante el enésimo gesto de aplazamiento de una decisión que ya se presenta descafeinada.
Una vez más vamos a asistir a la demora de una promesa electoral del PP, que ya tiene varios lustros, en la que, al final, tras haber estado mareando la perdiz, nos encontramos con el mismo resultado: mucha plantilla inútil, control político y adjudicación de servicios a productoras y grupos mediáticos con los que interesa estar a bien, tanto si se ganan como si se pierden las elecciones. Si a esto añadimos que la Ley Audiovisual y la de terceros canales pueden poner trabas legales a la privatización de las cadenas autonómicas, hay que pensar que lo de “privatizar” no deja de ser un espantajo que ya no interesa ni asusta a nadie.
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