El decreto ley aprobado el viernes por el Gobierno para obligar a las televisiones privadas a destinar un 5 % de sus beneficios al cine español ha sido mal recibido por UTECA, es decir, por las televisiones comerciales Antena 3, Telecinco y Sogecable. Aunque la legislación ya obligaba a éstas a invertir en cine español, había un margen de maniobra y cierta flexibilidad. Algo bastante usual en los medios de comunicación que, con frecuencia, suelen escamotear mandatos e incumplen leyes sin que haya manera de meterlos en vereda.
El Gobierno, que ha hecho de las reivindicaciones del mundo del cine cuestión de Estado, ha decidido cortar por lo sano y endosarle la carga de la “excepción cultural” y sus pagos correspondientes, a la televisión privada. Lo anunció este viernes la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega e, inmediatamente, ha sido celebrado por directores y artistas que ven así garantizado su sustento sin tener que pasar por el trabajo en series televisivas, que son las que están manteniendo la industria audiovisual y dando de comer a cientos de técnicos y artistas.
Lo más curioso, aunque no nos debe extrañar a estas alturas, es que el presidente de los productores cinematográficos, Pedro Pérez, un liberal que ha vuelto al cargo después de una década, celebre el decreto como si tuviera sentido que las televisiones privadas mantengan a productoras –otras empresas también privadas– porque el Gobierno se siente comprometido con el mundo del cine.
Pérez ha declarado que esta medida es una buena noticia para todos, incluido el espectador, y que permitirá hacer películas ambiciosas que compitan con industrias más poderosas. Parece que algunas productoras tenían poco con los avales del Ministerio de Cultura para pagar sus negocios. Que se dedicaran a saquear a las televisiones públicas con la producción de miniseries que se solían emitir de una tacada como si fuera un impuesto revolucionario, o que tuvieran un plan de financiación de sus productos que, con subvenciones y derecho de antena, tenían pagado de antemano.
Parece que ya no quedan en España productores con iniciativa por fuera del mundo de la subvención. Ahora el horizonte está en hacer películas costosas como en las épocas de “El Dorado” de Pilar Miró. El empresario “ladilla” es lo que priva, contraviniendo el buen sentido de cualquiera que hiciera profesión de liberalismo. El mundo del cine se ha instalado en una gran mentira, pero están encantados con la medida, en especial Pedro Pérez, pero ya veremos en que se sustancia en un par de años. Si es el espectador el que gana o el productor que se la monta sin riesgo ni imaginación.
Que no hayan intervenido en este asunto ni el recién nombrado director general de Cine, Pérez Estremera, ni la Ministra de Cultura, indica que el Estado transfiere el pago a las cadenas privadas de televisión para que a Solbes le salgan las cuentas. Pedro Pérez, en representación de los productores cinematográficos lo celebra ¿en nombre de la cultura española?