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El túnel

Atrevida ignorancia (y 2)

Mi columna de la semana pasada trataba sobre los peligrosísimos efectos de intentar legislar sobre un tema en el que se manifiesta una supina ignorancia. En la columna hacía referencia a recientes actuaciones de miembros de varias instituciones del Estado, y manifestaba mi desesperación por ver como tomaban decisiones o hacían manifestaciones públicas personas obviamente no cualificadas para ello. Era una columna escrita con desazón, con pesimismo, que reclamaba, para evitar males mayores, un mínimo de cultura tecnológica entre quienes pretenden regir nuestros destinos en ese ámbito. O, cuando menos, una cierta voluntad de asesorarse, de desarrollar criterio, de obtener información completa y no sesgada, de escuchar múltiples puntos de vista. Algo que, afirmaba en el artículo, era propio tan sólo de una clara minoría dentro de nuestra clase gobernante. Sin embargo, decir “una clara minoría” no es lo mismo que decir “la totalidad”. Y no sería de justicia dejar mi artículo de la semana pasada cortado en un punto en el que se resaltan únicamente los aspectos negativos, sin tan siquiera mencionar los puntos positivos.
 
Ayer pudimos comprobar que existen notables y honrosas excepciones a mi afirmación de la semana pasada. Hay personas en las altas esferas del poder político que, o bien sí saben lo que hacen y de lo que hablan, o al menos se asesoran lo suficiente como para demostrar un cierto criterio. Concretamente, un ministro del actual Gobierno ha afirmado que considera innecesario aplicar un canon por copia privada a los usuarios de Internet y a los discos duros de los ordenadores, porque son elementos que no pueden relacionarse intrínsecamente con actividades ilícitas de descarga o intercambio de obras protegidas. Este ministro afirma que todas las actuaciones de este Gobierno buscarán no legislar en contra de los intereses de los usuarios, la industria o la sociedad de la información, en cuyo desarrollo debemos hacer un especial esfuerzo.
 
Las afirmaciones del ministro están llenas de sentido común. El ministro viene a decir que un ordenador, un disco duro o una conexión ADSL tienen múltiples usos, y que éstos no pueden ser vinculados necesariamente con actividades de naturaleza delictiva. Y no yerra el señor ministro. Pretender cobrar un canon por la posesión de una conexión a Internet o de un disco duro por el hecho de que éstos pueden ser utilizados para descargarse o almacenar obras protegidas sería equivalente a imponer una penalización a todos los que tenemos manos, porque éstas pueden, hipotéticamente, ser utilizadas para robar. O a todos los que tenemos estanterías, porque podrían ser usadas para almacenar música descargada de Internet. Simplemente, una estupidez arbitraria, absurda, que sólo puede provenir de una mente ignorante, torticera, mal aconsejada o en busca de objetivos difícilmente justificables.
 
Observen el notable contraste: mientras una ministra pretende perjudicar de manera consciente y expresa a los ciudadanos, para con ello repartir dinero a esos amiguitos tan divertidos que se ha echado y que tanto animan y decoran esas fiestas a las que la invitan, un ministro se preocupa de asesorarse convenientemente, se rodea de expertos internacionalmente reconocidos de la talla de Manuel Castells, y llega a conclusiones razonables, juiciosas y trufadas de sentido común. Mientras uno estudia y se documenta, la otra va de fiesta en fiesta y se divierte rodeada de, precisamente, la parte interesada en obtener de ella generosas derramas y prebendas económicas. No confíe el ministro en la supuesta competencia de su colega de Cultura, y mucho menos ponga la mano en el fuego afirmando que la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual se hace “con la implicación de los sectores interesados, tanto desde el punto de vista de la industria, como de los creadores y gestores de derechos, así como de los usuarios”. No es verdad. No nos han preguntado. Ni a los usuarios, ni a los estudiosos del tema, ni a los que proponemos modelos económicos alternativos. La ministra sólo ha escuchado a sus amiguitos, aquellos cuyos bolsillos pretende alegremente llenar. A costa, por cierto, de los míos.
 
Nunca he sido amigo de demonizar o entronizar a las personas por sus acciones aisladas. Pero ayer un ministro demostró, con su prudencia y buen juicio, algo que todos ya sabíamos: que tenemos una ministra ignorante, imprudente y que no da la talla.

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