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Discriminando al ciudadano

Si algo le parece inaceptable, seguramente sea porque es de hecho inaceptable. La obsesión por lo abierto, por lo estándar, no es un simple capricho de unos pocos activistas.

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Imagínese el siguiente panorama: una mañana, se encuentra en la tesitura de tener que visitar un ministerio o una administración pública, con el fin de llevar a cabo un trámite. Sale de su casa, llega hasta el edificio en cuestión y, precisamente cuando se acerca a la puerta del mismo, un empleado de seguridad se interpone en su camino y le interrumpe el paso. Usted, ante la total ignorancia de estar realizando acción punible alguna, le dirige una mirada cándida, ante lo cual, el empleado le espeta: "no pretenderá entrar vestido así, ¿no? Para acceder a este edificio, debe venir vestido con ropa de Zara".

Obviamente, la situación descrita corresponde al terreno de la ficción. Un episodio así sería completamente ofensivo a nuestro sentido común, un verdadero absurdo conceptual. Sería totalmente inútil intentar justificarlo, por ejemplo, aludiendo a un tal vez deseable fomento de la producción textil española, a la buena calidad de las prendas de la firma, a la omnipresencia de sus tiendas o a su presunto carácter de estándar de facto en el mundo de la moda. Simplemente, no existe ninguna razón capaz de justificar una medida como la descrita. La acción del empleado de seguridad sería sin duda etiquetada como una discriminación inaceptable, y el asunto, una vez adecuadamente comprobado, sería seguramente descrito en todos los periódicos como una patente demostración de sinrazón.

¿Y si le digo ahora que situaciones como la anteriormente descrita ocurren de manera constante en la administración? Pues créame, así es. En multitud de ocasiones, las convocatorias de ayudas, becas y concursos, o las presentaciones de documentación de cualquier tipo se encuentran de narices con textos como este: "los documentos serán remitidos en formato Word, a doble espacio, etc., etc." Lo cual viene a ser, en versión electrónica, exactamente lo mismo que el anteriormente descrito "si no viene usted vestido con tal marca, ni se le ocurra acercarse a la puerta". Menos patente y violento, tal vez, debido a su carácter electrónico, pero conceptualmente idéntico. E igualmente injustificable. Un comportamiento como ese no puede, por supuesto, escudarse en un presunto trato de favor o protección llevada a cabo sobre una empresa determinada, en la hipotética buena calidad de sus productos, en su omnipresencia en el parque de ordenadores o en su carácter de estándar de facto. Resulta pura y simplemente indefendible privilegiar los productos de una marca comercial determinada. Aunque, muy posiblemente, la empresa en cuestión objeto del privilegio estaría encantada con la medida, estarán seguramente de acuerdo conmigo en que obligar a un ciudadano a adquirir una licencia de un programa determinado para poder relacionarse con la administración que mantiene con sus impuestos sería un caso de discriminación completamente inaceptable.

La situación se agrava todavía más si resulta que, en clara alternativa al formato de definición propietaria privilegiado por la administración, existe otro formato abierto, aceptado, y provisto del sello de aceptación de un consorcio de estándares. Desde la pasada semana, el formato OpenDocument (ODF) es, por votación en ISO/IEC, el estándar ISO 26300. Un formato estándar que cualquiera puede utilizar y cualquiera puede adoptar para cualquier plataforma, sin necesidad de efectuar pago de licencia alguno. El formato ODF es generado, por ejemplo, por la suite de programas ofimáticos OpenOffice, que se encuentra a la disposición de cualquiera que desee utilizarla sobre prácticamente cualquier sistema operativo, incluido el mismísimo Windows. Su definición es tan abierta que, de hecho, existe hasta un grupo de trabajo intentando crear una utilidad que permita que el programa anteriormente citado, Microsoft Word, sea capaz de leer el formato ODF.

¿Qué hace que la citada empresa, Microsoft, tenga interés en seguir controlando formatos propios frente a la simple adopción de un estándar internacionalmente aceptado como ODF? Simplemente, el interés de Microsoft por ser capaz de aplicar algo que supone una constante que le ha reportad jugosos beneficios en su estrategia: el denominado lock-in. Sin entrar a discutir la superioridad técnica de ODF, el hecho de que una empresa sea capaz de crear un entorno de dominancia de un formato definido por ella misma hace que pueda obtener ventajas evidentes de su posición de mercado. Cualquier competidor que pretenda entrar en ese mercado deberá "pasar por el aro" y aceptar la imposición de dicho estándar cerrado, sin tener en cuenta la idoneidad del mismo ni sus características técnicas. Deberá estar dispuesta a que dicho formato, por ejemplo, cambie sus características de manera arbitraria en cualquier momento, ejerciendo un poder absoluto y monopolístico sobre su competencia, o jugadas afines tal vez justificables desde el punto de vista de generación de ingresos de una empresa privada, pero en absoluto recomendables desde la óptica del progreso o del bien común.

Si algo le parece inaceptable, seguramente sea porque es de hecho inaceptable. La obsesión por lo abierto, por lo estándar, no es un simple capricho de unos pocos activistas. Hay cosas muy importantes que dependen de ello. Entre ellas, nuestro derecho a una Internet de todos, a un cierto nivel de progreso, y a no sufrir discriminación.

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