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El túnel

Patada en la puerta

No cabe duda: el movimiento se demuestra andando, y la condición de demócrata se demuestra gobernando. Mezclemos esa aseveración con otra que dice "si quieres conocer a Fulanito, dale un carguito", y nos saldrán automáticamente ejemplares como José Luis Corcuera, ministro del Interior entre los años 1988 y 1993, y acreedor, entre otras muchas cosas, del mérito de haber impulsado la tristemente célebre Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero de protección de la seguridad ciudadana, conocida como "Ley Corcuera". Fue un intento de "proteger" a todos los españoles mediante un procedimiento muy simple: autorizar a las fuerzas del orden a entrar en una propiedad privada en la que se sospechase que podía estar cometiéndose un delito, sin necesidad de orden o autorización judicial de ningún tipo. Concretamente, la citada ley regulaba "las condiciones y términos en que podría prescindirse del mandamiento judicial para penetrar en domicilios, en lo que se refiere a las tareas de persecución de fenómenos delictivos tan preocupantes para la seguridad de los ciudadanos como son los relacionados con el narcotráfico". Una sospecha, proveniente de cualquier fuente ("hmm... aquí huele a porro"), autorizaba automáticamente al policía de turno para dar una patada en la puerta de un domicilio y efectuar el registro o la acción que estimase oportuna, sin que hubiese que, para ello, necesitar el concurso de un juez... total, ¿para qué vamos a andar molestando a los jueces a horas que podrían ser seguramente intempestivas, dada la por todos conocida tendencia a la nocturnidad de los malvados delincuentes?

El pasado 27 de Diciembre terminó el plazo para presentar alegaciones a una ley que posee enormes y marcados paralelismos con la anteriormente citada "Ley Corcuera": la conocida como Ley de Impulso de la Sociedad de la Información. En su desarrollo, esta ley pretende, al igual que su ilustre predecesora, regular los casos en los que podrá "interrumpirse la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos", y otorgar la potestad para hacerlo "a un órgano jurisdiccional o administrativo", contraviniendo de manera flagrante el artículo 20 de la Constitución. Pero claro, ¿a quién le importa la Constitución, cuando tenemos demócratas como los que impulsan esta ley?

Genial. Según su aberrante ley, basta una sospecha proveniente de cualquier fuente para que llegue una autoridad de cualquier tipo, y dé orden a mi prestador de servicios para que interrumpa el acceso a mis contenidos, de manera completamente arbitraria y sin mediar decisión alguna por parte de un juez. Y esto, ¿para proteger a quién dicen ustedes que lo hacen?

Pocas cosas hay más patéticas que el triste intento de los ignorantes por controlar todo aquello que parece escapar de su control. La verdad es que, en la obsesión por el control, se les puede acusar de muchas cosas, pero no de incoherencia: empezaron intentando marginar a todos aquellos medios de comunicación que "oliesen" a Internet, a los que directamente se excluyó de la Guía de Comunicación de Presidencia del Gobierno, y se sigue ahora intentando instaurar la patada en la puerta, en su más genuina versión cibernética. Para ellos, Internet es una cueva de delincuentes y disidentes –sin que esté claro cuál es mejor que cuál–, un lugar en el que, al no funcionar otros mecanismos habituales de control, es preciso ponerse más serio, más taxativo. Bastará una simple denuncia, una sospecha fundada o no por parte de quien quiera manifestarla, para que de repente una página pueda ser directamente desconectada. Una gran demostración de democracia. De democracia entendida como gusta al gobierno, claro: pensamiento único, y duro con la disidencia, que seguro que los que manifiestan ideas contrarias a la autoridad competente son los mismos que se dedican al phishing y a la venta de productos farmacéuticos ilegales... en sus ratos libres. Para ellos, es el "todo vale": con tal de proteger a no sabemos quién (pero lo intuimos), podemos cerrar lo que sea, secuestrar lo que sea, bloquear lo que sea. Los proveedores de hosting de este país estarán sin duda agradecidos cuando muchos contenidos tengan que emigrar a países en los que la democracia no sea de juguete.

Si se molestasen en aprender, verían que Internet es un mundo muy distinto a lo que ellos creen ver en él. Es el lugar perfecto para la expresión libre, para el diálogo, para la verdadera democracia, un lugar en el que cualquiera puede expresar su opinión con casi total independencia de los medios que tenga, de la familia a la que pertenezca, de la ropa que lleve o de la filiación política que profese. O bien no se han dado cuenta de que eso es así, o es que precisamente por ser así les da a esos demócratas de pro mucha, mucha grima. En Internet, las cosas tienen la importancia que les otorgue la atención que consigan generar. Basta un intento exógeno de bloquear un contenido para que, si un cierto número de personas opinan que ese bloqueo es injusto, lo reproduzcan por doquier, otorgándole un nivel de atención mucho mayor del que originalmente tuvo o del que posiblemente habría tenido de no ser por tal intervención exógena. El intento de establecer semejante control sobre un medio que precisamente se define por escapar a todo control, por autorregularse para responder a la censura como a una agresión, como a un daño al sistema, es completamente patético y lamentable. Internet fue diseñado para resistir a guerras, agresiones, e incluso a "demócratas" como los que hoy impulsan esta ley.

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