Cuando existen evidencias prácticas, los debates teóricos o están de más o, en cualquier caso, deben someterse al criterio de contrastación. La detención de cinco presuntos etarras vuelve a poner de manifiesto que Batasuna no es otra cosa que la academia de Eta y la Eta misma, por lo que su ilegalización es un imperativo categórico que hace tiempo debía haberse producido. No se ha llevado a efecto por la presión que, contra el Estado de Derecho, ejerce el nacionalismo, beneficiario último del terrorismo, al “eliminarle” competencia política.
En el momento actual, Eta vive en semiclasdentinidad, merced a Batasuna. Ya no construye zulos, sino que utiliza los garajes de las casas, y la diferencia entre liberados y legales se ha perdido por completo. Ya sólo estamos entre militantes de Batasuna con o sin antecedentes legales, dedicados a la kale borroka o a pegar tiros en la nuca como a Juan Priede. La detención de dos dirigentes de Batasuna intentando trasvasar dinero a Bélgica, no parece otra cosa que correos para montar infraestructura.
Ilegalizar a Batasuna es reconocer la realidad. Quedaría por analizar el criterio del gobierno vasco, y parte del PSE, de que la ilegalización llevará a un incremento del terrorismo: menos política y más terrorismo. Tal argumento no pasa de la insidia malintencionada o interesada. Batasuna no hace otra cosa que política terrorista: controla, informa, hace seguimientos y mata. Cerrar sus sedes es desactivar la infraestructura terrorista básica. Será una medida, en término policiales y de ahorro de vidas inocentes, muy eficaz y saludable.
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