Sorprende que los diputados populares Fernando López-Amor y Francisco Antonio González-Pérez consideren “especulaciones infundadas” las denuncias socialistas, porque eso indica una aparente pérdida de los resortes éticos y del sentido común. Porque lo sorprendente es que ambos diputados acepten cargos remunerados que manifiestamente están en estrecha relación con su labor parlamentaria. Y más sorprendente aún es que la Comisión del Estatuto de Diputados haya considerado, por ejemplo, compatible estar en el Consejo de Administración de una constructora y en una Comisión parlamentaria que entiende de la liberalización del suelo.
De hecho, lo sensato, y legislado en muchos países, es que los parlamentarios, al dejar sus funciones, durante un tiempo, no puedan tratar cuestiones relacionadas con sus anteriores responsabilidades, para evitar la utilización de información privilegiada. Aquí, lo normal es que cuando se abandona la vida política se monte un despacho de asesoramiento y tráfico de influencias en la materia sobre la que se ha estado legislando. Hay mucha experiencia de que la mezcla entre lo público y lo privado es letal. Y nadie obliga a nadie a presentarse a las elecciones.
Mal andan los resortes éticos en el Partido Popular para que lo obvio no se haya tenido en cuenta y para que ambos diputados dimitan de sus puestos en la actividad privada, cuando lo lógico sería que dimitieran de sus responsabilidades políticas. O su partido les obligara a dimitir, por aquello de que la avaricia rompe el saco.
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