En España nunca pasa nada, a fuerza de no respetar el Estado de Derecho. El último debate en el Parlamento vasco, y las reiteradas declaraciones del presidente del principal partido sustentador del gobierno de Vitoria, se sitúan en términos de franca deslealtad institucional. No forma parte de lo previsible ni de lo previsto en la Constitución el utilizar el poder autonómico para segregar una parte de España.
Los gobiernos nacionales han hecho, desde el comienzo de la transición, abundante dejación de sus funciones. Quizás batió el récord Adolfo Suárez, con un proceso a la irlandesa, sin entrega de las armas por parte de Eta. Carece de sentido, o yo no se lo veo, que en tales condiciones, con un proyecto de independencia explicitado, se negocie, por ejemplo, un concierto económico que establece claros privilegios.
Cuando se anuncia la intención de separarse, el mecanismo constitucional contempla tal situación. Es una deslealtad institucional a la que el Gobierno ha de hacer frente. Pero el nacionalismo vive de una cutre postmodernidad, de un estulto relativismo en el que todo vale. Lo de los medios de comunicación “españoles”, que tanto preocupa a Arzalluz, es una broma al lado de sus afirmaciones.
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