Cinco padres musulmanes, ciudadanos marroquíes residentes en Cataluña, han decidido sacar a sus hijas del colegio al haber tenido su primera menstruación. El fiscal jefe ha tomado cartas en el asunto. Hace poco se denegaba el divorcio, y aun la manutención de sus hijos, a una marroquí que denunció a su ex esposo. La Justicia española aplicó ¡la legislación marroquí!, que es absolutamente lesiva para las mujeres, como corresponde a su corrupta monarquía feudal, tan apoyada por Felipe González.
Son frecuentes últimamente las denuncias de este tipo, por las que se muestra que en el territorio nacional un sector de los inmigrantes, básicamente musulmanes de procedencia magrebí, no aceptan los principios de no discriminación por razón de sexo y sostienen la inferioridad de la mujer respecto al varón, en la teoría y en la práctica. Este rancio criterio es una notable estupidez, pero se ofrece como costumbre o excepción cultural. Incluso se sostiene, como Gallardón con el hijab, sobre la perversión del principio de libertad personal. Como un soniquete, los padres que niegan a sus hijas el derecho a la educación, señalan que se trata de una decisión libre que sus hijas aceptan. A la fuerza ahorcan. Pero, como se ha dicho desde estas páginas, la apología de la vejación por la víctima no la hace más presentable, porque, en otro caso, cabría hablar de una “esclavitud libre”.
Como siento cierta afición compulsiva a la historia, este tipo de criterios no son costumbres sino prejuicios sostenidos en gentes que se han quedado ancladas en tiempos pretéritos. La inferioridad de la mujer, las medidas preventivas tras la menstruación, el matrimonio establecido entre familias, como compraventa, la incapacidad para decidir su propio destino, eran criterios vividos y sostenidos en las sociedades cristianas en el siglo XV.
Es un claro avance de la humanidad la igualdad entre los sexos, y en España es un principio constitucional. No se debe permitir la entrada en nuestro país a quien no esté dispuesto a respetarlo. Cada vez se abre más la idea de que la inmigración debe conllevar un contrato social que pase por el juramento de los principios constitucionales. La discriminación no es una costumbre, sino una desviación de la conducta, y por supuesto no es una costumbre respetable.
Muchos musulmanes-magrebíes llegan huyendo no sólo de la miseria, también de la intransigencia religiosa y del atraso cultural, pero otros están creando barrios segregados, excluyentes, religiosos, en donde la mujer es discriminada. Lo que me llama más la atención es que ante estas cuestiones, ante esta regresión reaccionaria, no se escucha ni la opinión ni la denuncia de las feministas. Nuestras políticas, que por encima de siglas, han firmado documentos conjuntos y han adoptado estrategias comunes, en este caso callan. No se entiende por qué las mujeres musulmanas no tienen derecho a la solidaridad de las luchadoras por la igualdad de la mujer con el varón. Luchadoras, a lo que se ve, a tiempo parcial, o con anteojeras ante los atropellos realizados en nombre de una religión no cristiana. Lo políticamente correcto muestra aquí su faz de dictadura estúpida. Y las feministas están haciendo un ridículo espantoso con este silencio lacayo.
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