Al margen de las retóricas palentinas, la cacería de Nicolás Redondo es una evidencia contrastada. Que en ella ha participado un grupo de comunicación por intereses empresariales está en las hemerotecas. Que a ella se ha prestado un expresidente de Gobierno que pone sus rencores por encima de la libertad y de la unidad nacional es penoso, y retrata al personaje. Existe el móvil: el rencor. Las pruebas no son de ahora. Vienen desde el mismo momento en que González se presentó en la campaña vasca para poner a parir a Redondo y salir en defensa de sus “amigos nacionalistas”, Arzalluz e Ibarretxe. Aun con esos “apoyos”, Redondo consiguió el mejor resultado de la historia del PSE.
La cacería de Redondo no es inocua, ni está basada exclusivamente en odios de sacristía socialista contra los Redondo, desde la época de las huelgas generales de la UGT. Esa cacería ha tenido y tiene como finalidad favorecer el giro soberanista del PNV, cuya publicidad gestiona el grupo de Polanco-Cebrián, aunque ello signifique la restricción de la libertad de los constitucionalistas y un proceso de limpieza étnica, lingüística e ideológica. Porque no se puede olvidar el contexto actual que pasa por la proclamación del autogobierno-independencia, anunciada en el programa electoral.
El hecho de que dirigentes nacionalistas aparezcan como objetivos de ETA muestra bien a las claras que la independencia no es ni el paraíso terrenal ni la paz, sino el inicio de un proyecto totalitario, que además incluiría una guerra civil dentro del nacionalismo.
Al margen de las irresponsabilidades patentes del socialismo “español” (sic), la Constitución es clara respecto a cualquier veleidad secesionista. El artículo 155 establece que en ese supuesto de ilegalidad la autonomía ha de ser suspendida y la autonomía administrada por el Gobierno de la nación, depurando las responsabilidades penales prevaricadoras de los responsables políticos de Ajuria Enea y de los funcionarios que les secunden.
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