El PNV necesita a los matones de Eta para gobernar. No sólo para ganar las elecciones, mediante la coacción de los pistoleros. También para sostener el actual gobierno que se basa en una coalición en la que participan, de diversos modos, IU y Batasuna (o sea, Eta). Ésta le acaba de recordar, rechazando recurrir la ilegalización al Constitucional, que, en cualquier momento, puede echar abajo al Gobierno o bloquearle. Eso, en cuanto a la táctica. En cuanto a la estrategia la violencia le es necesaria al PNV para ir hacia la independencia y el genocidio –moral y físico– de los constitucionalistas.
En ese objetivo estaban –y están– cuando les salió el escollo de la ilegalización. De manera sistemática, el gobierno vasco viene poniéndose al margen de la ley, dando auténticos golpes de estado formales, que son contestados sólo de manera retórica. Que el Parlamento vasco –es decir, los grupos nacionalistas– declaren nulo el auto de un juez es entrar en el campo de la dictadura. No sólo implica arrogarse las competencias del Supremo y el Constitucional, también demuestra una nula comprensión de la división de poderes. Es un nuevo acto de soberanía, un ataque directo no contra el juez Garzón, que también, sino contra la Constitución y el estado de Derecho. No es un desafío institucional, como se dice, sino una ruptura. La cuerda de la tensión ya se ha roto. La cuestión es cuándo el Gobierno de la nación va a aplicar la Constitución y la Ley, como es su obligación imperativa.
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