El Tribunal Supremo viene manteniendo, de manera constante, una doctrina laxa respecto a las cuestiones relacionadas con el terrorismo y su apología. El momento cumbre de tal estrategia condescendiente fue la puesta en libertad de la encarcelada dirección de Herri Batasuna. Su ingreso en prisión, por un vídeo en el que se hacía clara apología del terrorismo, fue uno de los detonantes de la tregua. Y su puesta en libertad significó, por el contrario, el retorno al asesinato. Según el uso alternativo del Derecho, culminación pseudoprogresista del positivismo jurídico, nuestros magistrados quisieron, sin embargo, contribuir al proceso de paz, obteniendo un efecto perverso.
Hasta el momento nadie quiere pensar en el hecho de que la reforma de la Ley de Partidos depende en último término de la decisión de la Sala Especial del Tribunal Supremo, formado por su presidente, los de Sala, y el mayor y más joven magistrado de cada una de ellas. El Supremo no ha hecho otra cosa, hasta el momento, que boicotear la estrategia antiterrorista del Gobierno. ¿Cambiará esa línea cuando se trate de ilegalizar a Batasuna? Los miembros del gabinete, implicados en la reforma, consideran que las pruebas son abrumadoras, pero no las tienen todas consigo. Alguno, de manera significativa, dice que, en caso de sentencia en contra, “tendríamos que irnos a Turquía”.
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