Tiene cierta lógica que haya una huelga general... en Argentina. No tiene ninguna que se convoque en España. La huelga general, en la doctrina clásica, es una medida de presión revolucionaria para derrocar un Gobierno o para modificar de manera sustancial su política. No es, como algunos pretenden, una protesta, una especie de manifestación, contra las injusticias del mundo, porque ninguna de ellas las resuelve el tratar de dañar el tejido productivo.
Como resalta la revista ÉPOCA, España creció un 2,8% en 2001, frente al 0,7 de Alemania, el 1,8 de Italia, el 1,9 de Francia o el 2,2 de Inglaterra. No sólo no hay que cambiar la política económica sino que se debería profundizar en ella. La política económica del PSOE empeoró cuando, tras la última huelga general, se plegó a los sindicatos, cuyas doctrinas en la materia no es que sean antiguas –que lo son–, es que han fracasado y resultan perjudiciales para los trabajadores, a los que dicen defender.
El común de los mortales entiende que los subsidios de desempleo no son un remedo de la sopa boba, sino una ayuda social cuya finalidad es ayudar a encontrar trabajo. Rechazar por tres veces una oferta de empleo parece cuanto menos llamativo y solidarizarse con tal actitud semeja histerismo o respaldo a conductas muy insolidarias. De hecho, el fraude en el subsidio del desempleo, que es lo que con nitidez se trata de combatir, es una subvención a la economía sumergida y a los empresarios con menos escrúpulos, con los que se alinean los sindicatos.
No es que el día elegido demuestre ya cierto grado de irresponsabilidad, es que la incertidumbre generada a raíz del 11 de septiembre, precisa una plus de responsabilidad en los agentes sociales para favorecer ese intangible de la confianza, fundamental para el progreso y la inversión. Frente a ello, estos sindicatos subvencionados, cuyos onerosos privilegios pesan sobre las espaldas de los sufridos contribuyentes, se disponen a hacer justo lo contrario de lo que las circunstancias aconsejan. El debate pendiente, con todo, no es el de los subsidios de desempleo, sino el del papel de los sindicatos y la ética de que vivan parasitariamente del erario público.
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