La próxima batalla en la opinión pública va a ser, con claridad, la de la inmigración en relación con la reforma de la Ley de Extranjería. Ya se anuncia un texto crítico de la Conferencia Episcopal y la izquierda no sale del “papeles para todos” que la aleja cada vez más del sentir de la calle. En la materia, la primera curiosidad es esa distancia entre la opinión de unas elites, con una supuesta superioridad moral, y una amplia mayoría de los ciudadanos, sobre todo en los lugares donde los efectos perversos de la demagogia son más patentes.
En Alicante, sobre un aumento espectacular de la inseguridad ciudadana el pasado año, está habiendo otro aún mayor. A pesar de que la media de detenciones cada día es de 24, sigue siendo espectacular el incremento de denuncias por hurtos con intimidación o sustracciones de vehículos. Bastantes comerciantes se han arruinado tras robos con butrón, que ahora es a todo tipo de tiendas y fábricas. Y se ha perdido la seguridad de las casas. En muchos casos, se trata de mafias organizadas de ciudadanos del Este. Y en el caso de los hurtos callejeros, con frecuencia, por marroquíes y argelinos.
La izquierda señala que describir la realidad, que los ciudadanos ven con sus propios ojos, es “criminalizar a la inmigración”. Y, por el contrario, apunta que el aumento de la delincuencia se debe a los nacionales. Esto, según su lógica, es “criminalizar a los españoles”. La mayoría de la gente entiende que hay españoles delicuentes, y la mayoría no lo son. Lo mismo entiende respecto a los inmigrantes. Pero sensatamente señala que una inmigración ilegal contradice al mismo Estado de Derecho, y produce marginalidad, que lleva al delito. Por supuesto, el aumento de la delincuencia está directamente relacionado con ese fenómeno. Y las cosas empeorarán si no se las pone coto, porque el pequeño delito se irá organizando, a su vez, en mafias. Cada día son más numerosas las noticias que describen situaciones próximas a la esclavitud, obligando a prostituirse, con formas de economía sumergida sin relación contractual alguna, explotación por empresarios desaprensivos.
Pero, sobre todo esto, ni la izquierda ni la Conferencia Episcopal dicen nada. Cuando los principios no se contrastan con la realidad, son tópicos, dogmas erróneos, y en esto estamos. Hará bien el Gobierno en escuchar el sentir de la calle y hacer oídos sordos a los cantos de sirena de quienes viven encastillados en la demagogia barata.
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