La ilegalización de Batasuna es una cuestión ética, que pasa por el rearme moral del Estado de Derecho. Hasta el momento, Jordi Pujol había venido apoyando al Gobierno del Partido Popular sin fisuras, en cuestiones en las que podía obtener contrapartidas y teniendo en cuenta siempre que gobierna en Cataluña gracias al patético apoyo del Partido Popular. En la cuestión clave de nuestra democracia, cuando se hace preciso establecer una definición clara de las posturas, Jordi Pujol se dispone a militar en el frente de los cínicos, a anteponer el nacionalismo a cualquier otra consideración, incluida la legalidad democrática y el derecho a la vida. Iba de suyo que esa sería su la postura, al margen de las confusas buenas intenciones de populares y socialistas. Pujol firmó, por vía indirecta, el pacto de Estella a través de la Declaración de Barcelona. Se acabó de una vez por todas la falacia, el falso mito del nacionalismo bueno.
La cuestión es que el Partido Popular no puede seguir sosteniendo a Pujol y Artur Mas en el poder, aunque sólo sea por el sentido de la decencia que imponen los concejales populares asesinados por Eta, con el aplauso de Batasuna, como cuando brindaron por la muerte de Gregorio Ordóñez tildándolo de “bastión del fascismo español” o por la de Miguel Ángel Blanco. La equidistancia entre víctimas y verdugos no es de recibo. Esa es la postura de Pujol. Pero Pujol gobierna porque el PP le deja, y ese pacto, aquí y ahora, establece un punto de inmoralidad, de corrupción, de complicidad para el propio PP. Más pronto que tarde, el PP habría de anunciar la ruptura de un pacto que es, desde ya, abyecto. ¿No dijo Aznar que se iba a hacer lo que había que hacer “con todas las consecuencias”? Pues que los populares dejen de ser los mamporreros del abstencionista Pujol.
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