Es una historia conocida: se ilegaliza a una de las ramas de Batasuna bajo la acusación de que depende orgánicamente de ETA. De inmediato, los ilegalizados acuden a artimañas leguleyas y cambian de nombre. Vale aquello de los mismos perros con distintos collares. Este tipo de medidas, desde luego, encrespan y distraen a los proetarras, algunos de los cuales dan con sus huesos en la cárcel y los otros, en vez de andar tirando cócteles molotov, tienen que dedicar su tiempo a presentar papeles. Vale también lo del perro y el gato. La historia tiene precedentes como los de Jarrai. A la postre, parece una persecución nominalista, en la que se ilegaliza una marca pero no lo que representa.
Los árboles ilegalizados no dejan ver el bosque, que es Batasuna. Los mismos argumentos que llevan a proscribir Gestoras pro Amnistía valen aumentados para Batasuna como tal. Entonces, ¿por qué no se hace? Por prudencia y oportunismo político. Pero tras décadas de experiencia, la idea subyacente de que la participación en las instituciones democráticas de una parte de los terroristas conllevaría el abandono de la violencia ha resultado un notorio fracaso. Los concejales de Batasuna se travisten de Jekyll y atacan al hombre con coches-bomba y nueve milímetros parabellum. La idea de que la violencia puede ser defendida en los Parlamentos es notoriamente antidemocrática, porque la democracia es el sistema que erradica la violencia, en la que ésta no puede ejercitarse para promover la alternancia en el poder. Bien están estas distracciones, pero donde se esconden los etarras es en el bosque batasuno.
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