El hecho de que ser cargo político del PSE, y del PP, en el País Vasco sea un acto de heroísmo indica la existencia de una dictadura en dicha zona que el Estado de Derecho está obligado a combatir sin complejos de culpa ni dudas de legitimidad. La ilegalización de Batasuna debía haberse producido hace mucho tiempo y constituye el mínimo de la unidad de los demócratas e incluso del instinto de supervivencia. Los atentados contra concejales sólo son posibles porque los “comandos de información” actúan en la impunidad, solapados en la coartada legal de Batasuna con sus sedes, sus tabernas y sus concejalías.
Pero no se puede obviar que el atentado contra la concejala socialista es un medio perverso para alcanzar el fin común nacionalista. Esa aseveración, que entra dentro de la obviedad, sirve para mostrar el error moral y de base de las actuales dudas socialistas y la tentación de convertirse en un satélite del PNV con seguidismo respecto a las tesis de Sabino Arana. El combate contra la ideología racista subyacente es un imperativo ético que no puede supeditarse a los intereses de una empresa ni a los rencores de un expresidente ni a la levedad de un secretario general luchando por su supervivencia política. El PSOE, frente al heroísmo de sus cargos, no puede convertirse en cómplice de Batasuna estableciendo dudas sobre la capacidad del Estado de Derecho para cumplir su fin básico de asegurar el derecho a la vida de sus ciudadanos y el disfrute pacífico de sus libertades.
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