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Enrique de Diego

Presuntos delincuentes habituales

¿Es preciso destacar las bondades del mundo sindical como emanación del derecho de asociación? ¿Es necesario señalar los perjuicios de una fórmula parasitaria dependiente de los fondos públicos? ¿Es conveniente denunciar la intrínseca falacia que se esconde tras el concepto de diálogo social y lo que ello representa de compraventa de favores entre el poder político y el poder sindical, enajenado éste de su concepción de sociedad civil para establecerse en terrenos de chantaje?.

Uno de los perjuicios evidentes es la propensión sindical a situarse en posiciones límites respecto al delito y a considerarse ajenos a la obligación general de respeto a la ley. Los sindicatos han roto el principio de igualdad de todos ante la ley. Funcionan como una aristocracia con privilegios. Esto es muy manifiesto en la utilización de la violencia contra los que no siguen sus dictados en los tiempos de huelga. Es ese burdo eufemismo de los piquetes informativos.

Luego están teniendo, en el caso de la UGT, un trato exquisito por parte del Estado, que no se da a estafadores convictos y confesos. Ningún empresario después de haber estafado a sus clientes recibe créditos del ICO para tapar sus agujeros, ni se le amplían después los plazos cuando no hace frente a sus obligaciones.

En el caso del FORCEM sólo se puede decir que está bajo permanente sospecha, como un escándalo continuo. Cándido Méndez puede legítimamente considerar que su sindicato es objeto ahora de represalias, pero sólo desde la mentalidad de una impunidad constante. Muchos líderes sindicales se han enriquecido montando empresas paralelas, y los cursos en sí son ya, de principio, una forma de financiación del sindicato.

Sería magnífico que hubiera unos sindicatos que ofrecieran unos espléndidos servicios, con ventajas claras para los trabajadores, que contaran con elevadas afiliaciones. Por el contrario, tenemos una media verdad ineficiente, con una nomenklatura de liberados, que precisa cada vez cantidades crecientes de bienes confiscados a los contribuyentes. Lo de las fotos del diálogo social, simplemente tienen un precio, que pagan los no afiliados.

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