La línea política de José Luis Rodríguez Zapatero, en los últimos tiempos, se viene caracterizando por la negación de la evidencia. Era de esperar que en la decisiva cuestión de la reforma de la Ley de Partidos siguiera la misma vía. Zapatero no se ha opuesto frontalmente, pero ha acumulado tal cantidad de retórica en el camino, que ha dado esa impresión. Lo de la urgencia parece más que evidente. Vienen acumulándose los gestos retadores de los cargos batasunos contra los del Partido Popular. Es claro que tratan de amedrentar para evitar una ilegalización que, en su momento, se llegó a decir que favorecía a los etarras, pero que, a medida que pasan los días, su reacción indica todo lo contrario, como el sentido común, y el democrático, inducían a pensar.
Dilatar los plazos, para que Zapatero esté dispuesto a salir en la foto, sólo puede conducir a un mayor sufrimiento de los que están en primera línea. Cada uno de los pasos de la ilegalización va a conllevar sufrimiento, y previsiblemente atentados. Lo recomendable sería que los cargos populares extremaran las medidas de precaución, puesto que están desprotegidos por el gobierno vasco, y que se aceleraran los plazos del proceso de ilegalización. Me consta que el PP pensaba en períodos más dilatados, en el horizonte de comienzos del año próximo, pero la realidad está imponiendo una sensata aceleración. Esa sensatez que Zapatero se niega a practicar. Nada hay peor que amenazar al enemigo. Y el terrorismo sí es el enemigo común de los demócratas.
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