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Enrique Navarro

Las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas

Los políticos, a resolver problemas y a hacer cumplir la ley con rigor y las Fuerzas Armadas, listas para cumplir con las órdenes que le dicte el poder legítimo.

Los políticos, a resolver problemas y a hacer cumplir la ley con rigor y las Fuerzas Armadas, listas para cumplir con las órdenes que le dicte el poder legítimo.
Cospedal pasa revista en el 40 aniversario del Ministerio de Defensa | EFE

El artículo octavo de nuestra Constitución asigna a las Fuerzas Armadas las misiones de defensa de la soberanía y la independencia nacional; la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Junto a estas misiones básicas asignadas intrínsecamente a la institución militar, existen otras, incorporadas posteriormente en el marco de nuestra participación en organizaciones internacionales como la Alianza Atlántica, Naciones Unidas o la Unión Europea. Sin duda, las Fuerzas Armadas juegan hoy un papel clave no sólo en nuestra seguridad sino sobre todo colaborando con nuestros aliados en territorios lejanos e inhóspitos donde se generan las amenazas a la estabilidad global.

Se celebran en estos días los cuarenta años de la creación del ministerio de Defensa, superando la vieja tradición de los tres ministerios militares y estableciendo una estructura administrativa sometida al poder político. En estas cuatro décadas, España ha disfrutado de la mayor transformación de su historia multiplicando por tres nuestra riqueza con una distribución mucho más racional. En este largo periodo, las Fuerzas Armadas han sabido adaptarse a unos cambios vertiginosos. De ejercer el poder político a someterse a él. En este periodo se han producido hitos de gran significancia como el fracaso del intento de Golpe de Estado, los centenares de muertos en atentados terroristas, la entrada en la Alianza Atlántica y en la Unión Europa, la suspensión del servicio militar obligatorio, la profesionalización y, sobre todo, las operaciones en el exterior. Sin embargo, a pesar de toda esta transformación, la sociedad y sobre todo la clase política no han terminado de reconocer todo este caudal de seguridad y prosperidad que las Fuerzas Armadas nos han proporcionado y menos aún dotarlas de los recursos necesarios para poder continuar cumpliendo con sus misiones.

En la actualidad España dedica a su defensa un 0,8% del PIB, menos que Costa Rica, el único país del mundo que no tiene ejércitos. Pero a pesar de esta insignificancia presupuestaria, España participa en 18 misiones internacionales con unos 3.000 efectivos y mantiene un nivel de seguridad cualificado en un entorno geográfico muy complicado, siendo frontera de la Unión Europea no sólo con África sino con el Islam, con las connotaciones que esto supone en el mundo actual en cuanto a una amenaza cualificada y con un continente en plena ebullición por los diferentes conflictos que lo asolan.

¿Están las Fuerzas Armadas dotadas adecuadamente de medios y recursos para cumplir tan altas misiones? ¿Está España indefensa ante un sinfín de amenazas internacionales que nos afectan ante un esfuerzo tan escaso? ¿Debemos alcanzar el 2% del PIB en nuestro gasto militar según indica la OTAN o es más bien un canto al sol? ¿Podemos reducir todas las amenazas a nuestra seguridad al terrorismo y cerrar el ministerio de Defensa convirtiéndolo en una especie de gendarmería cualificada?

Las Fuerzas armadas españolas en estos cuarenta años de existencia del ministerio de Defensa se han visto afectadas de recortes continuados, especialmente en el capítulo inversor y de funcionamiento. De hecho, a pesar de todos los cambios producidos en el entorno geoestratégico, la Defensa ha sido la política del estado que más recortes ha sufrido. El gasto en defensa en términos reales, incluyendo todas las partidas, será en 2017 de 8.385 millones de euros, frente a un gasto en 2008 de 11.000 millones de euros. A pesar de los importantes programas de inversiones acometidos en los últimos veinte años, las inversiones en 2017, incluyendo los pagos por los programas especiales concluidos en su gran parte hace años, apenas superan los 2.000 millones de euros frente a los 3.500 millones de 2008.

Pero si queremos entender cuál es el nivel de gasto actual, es decir, la corriente de gastos e ingresos que realmente va a pagar sueldos, funcionamiento, preparación, operaciones y nuevas inversiones, la cifra de gasto es menor que justamente la que había en 1977, cuando se creó el ministerio de Defensa y cuando no había costes de personal de tropa y marinería por la existencia del servicio militar. Si queremos saber cómo serán las Fuerzas Armadas del futuro sólo basta con analizar los créditos destinados a nuevas inversiones y a funcionamiento. No he podido encontrar en toda la serie histórica de los presupuestos, desde 1940, una cifra tan escasa. La conclusión es clara: con este nivel de gasto, con las necesidades de funcionamiento y mantenimiento de los equipos que se han adquirido, el Ministerio de Defensa podría cerrar y enviar a las casi 150.000 personas que viven de forma directa de este presupuesto a su casa. Hoy todavía no apreciamos este efecto porque venimos de años en los que se realizó un esfuerzo importante, pero en pocos años todo este esfuerzo quedará en nada.

Si todo el mundo es consciente de esta realidad ¿Por qué ningún gobierno va a invertir este proceso? Por falta de voluntad política y sobre todo porque ningún gobierno ha sabido muy bien qué hacer con las Fuerzas Armadas. La creación de la UME es el mejor ejemplo de esta falta de ideas. Pronto podríamos tener la unidad militar antiterrorista, la unidad militar anti inmigración ilegal, la unidad militar contra la pesca ilegal, etc, etc. El político ante su falta de visión estratégica pretende justificar la inversión en defensa con resultados que sean inmediatos, aunque para ello se utilice un recurso tan cualificado y costoso. Ni siquiera en todos estos años se ha acometido un proceso de ajuste del personal de mandos. A día de hoy el ajuste solo consiste en reducir los efectivos de tropa y marinería que suponen 76.000 efectivos, cuando hace veinte años triplicaban esa cifra.

Como cualquier gobierno que se precie de vender su política a la sociedad, no cabe duda que todos han sabido sacarle mucho jugo a estos escasos recursos. Las operaciones en el exterior con tres mil efectivos consumen casi todo el esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas. Las unidades que no están directamente afectadas a estas operaciones están muriendo de inanición. Mientras que el coste/hora de mantener un avión de combate se encuentra en los 90 euros la hora, el coste de mantener un carro de combate Leopardo de última generación cuesta menos de 4 euros la hora; como la señora que viene a limpiar a casa. Se ofertan precios de repuestos por debajo de un 30% del precio de catálogo para al final mantener los vehículos desguazando unos para tener otros operativos. Apenas tenemos recursos para que nuestra flamante flota de aviones de combate pueda volar; y más del 70% de los aparatos apenas están en conserva y muchos barcos en puerto sin tripulaciones ni combustible

Pero sin duda, a mi juicio, lo más grave es que llevamos cuarenta años diciendo que tenemos una política de defensa, unos compromisos de capacidades, un libro blanco, y no sé cuántas directivas, para al final concluir que, desde la Ley de dotaciones para las Fuerzas Armadas de 1971, nada realmente concluyente se ha hecho para definir un marco político y de recursos para nuestras Fuerzas Armadas.

Disponemos de aviones de combate diseñados para luchar contra los rusos, fragatas lanzamisiles diseñadas para la guerra fría, carros de combate, etc. Es decir, hemos realizado una inversión de 30.000 millones de euros en equipos que no van a ser operados, que no van a ser mantenidos y que, además, no tenemos claro que ningún gobierno vaya a usarlos para las misiones para las que fueron diseñados.

Tenemos la impresión de que las amenazas de hoy poco o nada tienen que ver con los medios que tenemos y que ni siquiera las alianzas militares internacionales pueden dar satisfacción a las necesidades de la nueva defensa. Pero ésta es una conclusión errónea. Si fuera cierta, entonces todos los países dedicarían muchos menos recursos a su defensa y no adquirirían los mismos medios que nosotros tenemos y que no sabemos cómo usar. Mantener hoy en día la seguridad y la independencia de un país depende sobretodo de la voluntad que tiene cada nación en preservar sus valores y su independencia. Cuando los países gastan en defensa fortalecen a sus Fuerzas Armadas no sólo con medios sino sobre todo moralmente, asumen sus valores y viceversa, lanzan un claro mensaje al mundo de que éste es un país serio que cree en sus valores y en su existencia. Buscar una fórmula que pretenda encontrar utilidades inmediatas a las Fuerzas Armadas es una entelequia. La principal función de los ejércitos se cumple cada día que nuestro país se mantiene en paz y en seguridad. Esta es su auténtica función y para conseguirlo necesitamos recursos, efectivos y sobre todo una política. A pesar de la importante contribución que nuestras Fuerzas Armadas realizan a la seguridad mundial, no deja de ser un pequeño apéndice de lo que debería ser el grueso de nuestro esquema de seguridad.

Las Fuerzas Armadas tienen hoy nuevos retos como el terrorismo. Lo que antes parecía algo imposible de imaginar, como ver al ejército en las calles de las ciudades europeas protegiéndonos contra terroristas, supone sin duda un punto de inflexión. En esa necesidad de encontrar utilidades inmediatas a la política de defensa, los países europeos han encontrado un activo de enorme valor con estas nuevas operaciones como la lucha contra la inmigración ilegal y la lucha antiterrorista.

Pero no se puede negar que ante las amenazas a la integridad territorial surge de nuevo la cuestión de las misiones constitucionales y en particular sobre la aplicación del artículo octavo de la Constitución para justificar una intervención militar contra un territorio que se declara rebelde al Estado. Este no es un debate que corresponda a las Fuerzas Armadas sino al Gobierno, que debe decidir qué medios serán requeridos para hacer cumplir la ley y se antoja muy difícil que salvo que el Gobierno secesionista inicie un conflicto civil que ponga en riesgo la vida y los derechos de los que piensan diferente en Cataluña, fuera necesaria una intervención militar para contrarrestar unas acciones que como mucho alcanzan la esfera del orden público. Pero que nadie pretenda utilizar a las Fuerzas Armadas para justificar sus desmanes o sus errores o inacciones. Los políticos, a resolver problemas y a hacer cumplir la ley con rigor y las Fuerzas Armadas, listas para cumplir con las órdenes que le dicte el poder legítimo con la proporcionalidad y el sentido común que demanda el uso de medios tan violentos para resolver conflictos.

Pero incluso ante estos dolorosos hechos, las Fuerzas Armadas están donde les corresponden, a las órdenes del Gobierno y al servicio de la sociedad. Sin duda España tiene una deuda inmensa con sus ejércitos y en este aniversario conviene una vez más reconocer su sacrificio y esfuerzo por España, algo que muchos minusvaloran o incluso denostan. Servir a España sólo exige una contraprestación de la sociedad, recursos para continuar sirviendo. Si la sociedad no es capaz de hacer este pequeño esfuerzo para disponer de más seguridad es que somos unos desagradecidos y, peor aún, unos inconscientes.

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