El juancarlismo ha hecho tanto daño a la monarquía reinstaurada por Franco que, tras la súbita e inexplicada abdicación del que fuera heredero del Caudillo a título de Rey, y luego, dígase ahora lo que se diga, monarca constitucional refrendado por las urnas mediante el referéndum de 1978 y asistido por unos partidos políticos y una opinión pública que, en general, se desentendieron durante treinta años de la forma de Estado –de 1975 a 2005-, ahora tiene a la nación dividida sobre la continuidad de la Corona.
Franco le dejó a Juan Carlos una institución polvorienta y, a la vez, inédita, cuya eficacia para pasar de la Dictadura a la democracia resulta indiscutible. Juan Carlos I le deja a su heredero por sorpresa una institución recibida con hostilidad por un tercio largo de los españoles, según la encuesta del diario juancarlista El País, y que los otros dos tercios ven seguramente como el último mecanismo de defensa de un Estado nacional que está siendo dinamitado por los separatistas y la izquierda asilvestrada sin que el Gobierno de la derecha sea capaz de hacer absolutamente nada.
Esa, la desesperanza en los dos grandes partidos políticos para abordar con decisión y contundencia la crisis nacional en Cataluña y el País Vasco, es la razón de la esperanza en el Príncipe de Asturias. Es el clavo ardiendo al que se aferran muchos que ven cómo Juan Carlos, pese a estar asistido por todos los poderes políticos, mediáticos y fácticos, ha huido de sus responsabilidades como el acobardado Alfonso XIII en 1931; y que también ven a Felipe como el último valladar ante la descomposición de España. No es que muchos se hagan ilusiones sobre el carácter y la capacidad del nuevo Rey para impedir la disolución del régimen, pero menos ilusiones se hacían casi todos sobre la capacidad de Juan Carlos para dar una salida honorable al franquismo y una solución honrosa al antifranquismo, y, contra pronóstico, salió sorprendentemente bien, gracias al saludable miedo que la gente tenía a la Guerra Civil.
Lo malo para la Corona es que el Rey ha basado su legitimidad en su papel en la Transición y en la descarada manipulación del Golpe del 23-F, es decir, en dos hechos que en rigor son sólo uno: el paso a la Democracia. Y que, al unir la suerte de la Corona a su persona, y ésta al régimen del 78, la ha dejado atada de pies y manos ante su descrédito. Por desgracia para su hijo, Juan Carlos heredaba una España a la que sólo le faltaba cambiar de régimen. Felipe hereda un régimen, el de su padre y el bipartidismo de estos 39 años, incapaz de conservar España. Y como el Rey viejo no ha querido serlo de la nación, sino de la Transición, el Rey nuevo va a tener que hacer una transición mucho más difícil para que la nación no se hunda en el caos.
La fuerza de Juan Carlos radicaba en la solidez berroqueña del Ejército, que le apoyó por ser el heredero de Franco y por la necesidad de mantener el orden público mientras se cambiaba el régimen "de la Ley a la Ley". El "santo temor a la guerra civil" fue en la Transición el equivalente al "santo temor al déficit" de nuestros bisabuelos liberales en el siglo XIX. Felipe no tiene un ejército "acampado –se decía- en el territorio nacional". Pero cualquier Gobierno de España tiene hoy las fuerzas -Ejército, Policía Nacional, Guardia Civil- que le permiten afrontar y derrotar al golpismo separatista y al nuevo golpismo chequista, que no merece llamarse republicano. La cuestión es si el Rey respaldará al Gobierno, como hizo con Suárez, en el uso de la fuerza del régimen moribundo para garantizar la continuidad del Estado y la supervivencia de España en el régimen por venir o si se atará a Rajoy, el nuevo Arias Navarro, uniendo la suerte de la Corona a la de una legalidad en cuya legitimidad ya no cree buena parte de la nación.
Respaldar la resistencia ante el separatismo de un Gobierno dispuesto a usar toda la fuerza legal y material para impedir la destrucción del régimen constitucional no es lo mismo, sin embargo, que respaldar la capitulación de la casta política ante el separatismo mediante una reforma de la Constitución que suponga la liquidación de la soberanía nacional. El Príncipe puede tener –es lo que le aconsejan Cebrián y otros magnates de la ruina- la tentación de unir su suerte personal y la de la Corona a una improvisación partitocrática de este género. Es lo que ya han preconizado en Barcelona Herrero de Miñón y Jaúregui, con la orquesta del Imperio de Prisa y los coros del Conde de Godó. Y esa reforma de la Constitución en un sentido feudal –Cataluña y el País Vasco como Estados separados de España pero que seguirían teniendo en la Corona la coartada para su inserción europea- no encontraría en el abúlico Rajoy y el cloroformizado PP obstáculo serio.
En ese caso, si Juan Carlos nos ha obsequiado con 39 años de Transición, sin institucionalizar finalmente nada, al Príncipe le quedaría otro año largo, hasta las generales de Noviembre de 2015, de pura improvisación. Si opta por la continuidad del régimen de su padre, es decir, por el experimento de la reforma constitucional que supondría la liquidación de la soberanía nacional, España deberá optar entre la Corona bipartidista del IBEX 35 y la Checa tricolor. Porque no habrá elección entre Monarquía y República, ambas nacionales, sino entre la decadencia y el caos, la peste y el cólera. A eso nos aboca la abdicación de un Rey que sólo quiso estar de paso. Y pasó.