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El Gobierno ha actuado correctamente al legislar por decreto la reforma laboral. Por dos razones: porque sindicatos y empresarios no llegaban a un acuerdo y porque ese desacuerdo no puede sustituir la responsabilidad de un Gobierno al que se le ha dado una mayoría absoluta no para que abuse pero sí para que la use. La ralentización del crecimiento económico, el descontrol inflacionista y el oscuro panorama exterior obligan al Gobierno a insuflar nueva fuerza a un proceso paralizado, entre otras cosas, por la rigidez del mercado laboral. Además, éste es el momento para que Aznar deje huella duradera y benéfica en la economía nacional. Lo que no se haga hasta el verano, difícilmente se hará ya en esta legislatura. Luego llegan las elecciones gallegas, el congreso del PP, el semestre de presidencia europea, las municipales y autonómicas, amén de los imponderables espongiformes, y todo se va en sobresaltos y componendas. Era el momento y se ha aprovechado. O sea, bien.

No obstante, hay alguna medida que o no está bien explicada o resulta inexplicable. Eso de extender la indemnización de 33 días por despido a las mujeres "subrepresentadas en determinados sectores laborales" no sólo es anticonstitucional o lo parece; fundamentalmente es absurdo, porque si a las mujeres se las contrata poco en un sector, una de las razones será siempre el coste del despido. Si se eleva, en vez de aumentar el número de mujeres, descenderá. Eso de combinar la cirujía liberal y la brujería progre es mezclar lo bueno con lo malo. O sea, regular.

Pero aunque estas sean las líneas básicas de la reforma, hasta su votación parlamentaria a mediados de mayo falta mes y medio. En ese tiempo puede producirse un acuerdo CEOE-Sindicatos y puede también, por mor del consenso, echarse agua al vino reformador. En este tiempo de debate público cabe afinar y radicalizar las necsarias reformas o diluirlas en el aguachirle pactista, que a nadie beneficia salvo a los políticos en la foto del día siguiente. O sea, que veremos.

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