La persona más contaminante de España es Pedro Sánchez. No sólo en el terreno de las instituciones, que empuerca y embarra, de la judicatura a la economía o a la continuidad de su Gobierno, pactada con terroristas y golpistas a costa de la continuidad histórica de España. Lo es también en el medidor ecologista: el CO2 que emite a la atmósfera. Maite Rico, directora de La Lectura y colaboradora de esRadio escribía en El Mundo del 24/7/22:
"nuestro presidente disfruta como nadie luciendo los atributos del poder, y no me refiero a llevar el vaquero ceñido. Ir en helicóptero a la boda del cuñado marcó un hito. Llevar a los amigos en Falcon a un concierto tampoco estuvo mal. Pero donde ha pulverizado los récords ha sido en la visita del lunes a Extremadura, para interesarse por los incendios e inaugurar el No-Ave.
Atentos al despliegue: trayecto Moncloa-Badajoz en helicóptero Súper Puma, desplazamientos por la zona en coche oficial Audi A8L (llegado desde Madrid), regreso Badajoz-Torrejón en avión Falcon 900, y trayecto Torrejón-Moncloa (26 kilómetros por la A-2) en otro helicóptero Súper Puma. Nótese que esto implicó dos viajes en vacío de los helicópteros, otros dos del Audi y uno del Falcon. A ver quién mejora eso.
El mismo esquema se repitió en las visitas a Galicia o Zaragoza. Sánchez movilizó el Súper Puma y el Falcon 24 veces en 72 horas, según el cálculo de Vozpópuli. El helicóptero gasta unos 600 litros de combustible por hora, y el avión, 1.300. Y contaminan. Mucho. Greta llora."
Naturalmente, Greta no llora, salvo que cobre. Y aunque la ministra y vicepresidenta de Transición Energética se declare gran admiradora suya, no consta que vaya a protagonizar la próxima campaña electoral del PSOE. Tampoco se descarta. En la última reunión socialista, EcoSánchez dedicó treinta minutos a hablar del cambio climático, del que se proclama flamante adalid, y cinco a la decapitación de portavoces del Gobierno y el PSOE. No hay mejor forma de saber por dónde irá Sánchez que seguir su propaganda. Preparémonos, pues, para el combate contra el cambio climático para bajar los precios, incluido el de la luz, que se cuadruplicará. Pero, ¿acaso vamos a condenar a muerte al Planeta por una mezquina subida en la factura de la electricidad? Jamás. Ya se encargarán EcoSánchez y los suyos de evitarlo.
Gore, Newsweek y otras canalladas
El derroche en aviones, helicópteros y coches oficiales del Gobierno social-comunista no tiene parangón en nuestra historia democrática. En las anteriores, obviamente, tampoco. Por falta de medios técnicos y por ciertos complejos ideológicos, religiosos o morales que vetaban el exhibicionismo. La religión ecologista, sin embargo, ha abolido esos melindres. El mayor impulsor del alarmismo climático, el vicepresidente USA Al Gore, paseaba por el mundo su panfleto Una verdad incómoda cómodamente sentado en su avión personal, que contaminaba mucho más que los de hoy. También era propietario de una de las minas más contaminantes de América, sin por ello dejar de condenar la minería, que deja cicatrices atroces en el Planeta.
Sólo por una charla en España, Al Gore se embolsó 600.000 dólares, que no hubieran venido mal para limpiar bosques y prevenir incendios. Pero todo conservacionismo es un negacionismo del cambio climático desde que Newsweek, en la primera década del siglo XXI, en un artículo célebre, llamó negacionistas a los que negaban el cambio climático de origen antropogénico, comparándolos con los que negaban el Holocausto. También les llamó, como Gore, asalariados de las empresas petrolíferas, aunque ya entonces sólo recibían generosa financiación, pública y privada, los afirmacionistas de la emergencia climática.
Los científicos que, antes y después de Kioto, negaban el consenso absoluto del sector, base de la que partían los políticos ecologistas, fueron silenciados. En Las mentiras del cambio climático (2007) Jorge Alcalde relata casos escalofriantes de la gran cancelación, empezando por Science, que se negó a publicar investigaciones o refutaciones científicas que eran políticamente incorrectas. Hoy, en casi todos los medios de comunicación, deudos del clickbait de la noticia, el sectarismo climático viene en el CV. La banalización del término negacionista permite difamar a cualquiera que discuta los datos del calentamiento antropogénico o las medidas ecologistas para remediarlo. Será silenciado, condenado, calumniado o ridiculizado. Y los pocos medios que siempre nos hemos opuesto a esa ola irracional y, en última instancia, colectivista y liberticida, somos amablemente marginados.
Sin embargo, varias décadas después del comienzo del alarmismo climático, con la Agenda 2030 como guión oficial progresista, cuyo pin exhibió Sánchez en el debate sobre el estado de la nación, la invasión de Ucrania por Putin ha conseguido que la derecha política despierte de golpe. En ese debate, el PP de Feijóo y, sobre todo, Abascal de Vox, plantearon una enmienda a la totalidad de la política energética del Gobierno, que es la de la Izquierda desde los años 80: sí a las nucleares, a las prospecciones de petróleo, a la búsqueda de gas por fracking, a las centrales térmicas y a la explotación minera de todos los recursos naturales que pueda tener España.
Prohibir la minería es expropiar España
El paréntesis de la pandemia en los años 2020 y 2021 ha sido clave en la aplicación sin debate de la agenda 2030 por el Gobierno, sin que en los medios ni en la opinión pública se entreviera el alcance legal, moral, político y económico de una serie de medidas que, por llevar el marbete "eco" se suele considerar de tipo epidérmico y publicitario.
Al llegar la crisis de precios de la energía, agravada, no creada, por la invasión de Ucrania, muchos se han caído del guindo de la desinformación o del desinterés, porque bastantes problemas graves afrontaban a diario como para preocuparse por la propiedad del suelo y el subsuelo nacionales. Sin embargo, el problema de fondo no es distinto al del separatismo porque se trata de ver quién es el propietario legítimo de algo y puede disponer de él, en este caso, de España como ente físico, legal, político e institucional.
Si el suelo y el subsuelo de España es de los españoles, el Gobierno, aupado en una escuálida minoría parlamentaria y ocultando o camuflando sus actos no puede privar del beneficio que la explotación de sus recursos naturales reporta a sus dueños, que son los ciudadanos, sujeto político de la soberanía nacional que no puede enajenar ningún gobierno. Menos aún, si se actúa con la excusa nebulosa del "cambio climático", que nada afecta a la prospección petrolífera, gasista o minera. Se prohíbe "por si acaso" se contamina. Pero antes se roba o expropia a sus dueños el área explotable. Y se hace, por una serie de manías y supersticiones ideológicas que no resiste el menor análisis y que, por otra parte, el Gobierno interpreta a capricho.
Un ejemplo: la política oficial en materia de energía "apuesta por la energía verde". El Parlamento Europeo declara la energía atómica y el gas energías "verdes". Y el Gobierno se niega a admitir la recomendación de usar esas energías para evitar la dependencia del gas ruso. Paralelamente, se niega las restricciones del 15% en el uso del gas propugnadas por la UE, e inspiradas por Alemania. O sea, que Sánchez acata las resoluciones y exhibe el símbolo de la Agenda 2030, evento celebrado a la sombra de Xi Jinping y que supone el encarecimiento de la energía y el empobrecimiento paralelo de los países europeos y occidentales que acepten sus dictados.
Los pobres pagan la satisfacción moral de los ricos
Esto se hace en nombre siempre del cambio climático cuyo origen sería el hombre y cuyo remedio también sería suyo. Sin embargo, sólo el 10% de los países que emiten CO2 acepta esos dictados ideológicos de coste tan gravoso. ¿Por qué, pues, se imponen a trabajadores y propietarios españoles, si el efecto sobre el planeta, caso de existir, sería insignificante?
La respuesta es sencilla: porque se trata de un ataque deliberado a la propiedad privada de la gente humilde, dejando fuera a los millonarios que, como Bill Gates, son los primeros en especular con un futuro en el que los gobiernos prohibirían la carne y recomendarían sus hamburguesas verdes. Las grandes compañías y fondos de inversión quedarían, en principio, al margen de este intervencionismo estatal, que ataca a la pequeña propiedad y al comercio. El intervencionismo arrastraría finalmente a todos, pero el primer destrozo se daría en la base, donde masas de indigentes se verían empujadas a la invasión de la propiedad ajena por políticos de izquierdas.
Esto no es un futurible. Está sucediendo ya en la Argentina, donde el control cambiario supone la incautación de los dólares de los ciudadanos. Y donde el sindicalista favorito del Papa, un indeseable llamado Grabois, que pertenece a un dicasterio vaticano, anuncia que correrá la sangre de "los gauchos" y "las gauchas", es decir, que está dispuesto a matar; y que hay que asaltar los silos de grano que esperan a que se fije el cambio del dólar para vender lo que puedan. Robar y matar: he ahí el mensaje evangélico del Papa, que, a través de su monaguillo sindical, bendice la violencia contra la propiedad, siempre que la ejerzan mafias sindicales socias de los Kirchner. Las cuales amenazan de muerte o con saqueos y se manifiestan en la calle ¡a favor del gobierno! En realidad, para asegurar las decenas de millones de dólares que controlan a través de los "planes sociales", subvenciones sin control de las que la mafia sindical o se queda un 20% o no las comparte.
El campo no es del Gobierno
Todos los ataques a la libertad empiezan por la propiedad privada. Y los ataques que sufre el mundo rural en nombre del cambio climático son el modo de legitimar lo ilegítimo y después legalizar lo que debería ser ilegal. Ya vimos en la entrega anterior cómo las bandas ecologistas aliadas de este gobierno se permiten decidir las fuentes de energía que podemos usar o no. ¿Y quiénes son esos pelanas de pelanas vestidos? ¿Quién les ha dado poder para decidir el destino de propiedades agrarias o ganaderas, de costumbres seculares que han mantenido un ecosistema en el campo español? Nadie.
Es urgente desenmascarar a estos farsantes y sus socios de este Gobierno, que escudado en una supuesta emergencia climática está provocando una situación de auténtica emergencia en todo el sector productivo rural. Son ellos los que destruyen el equilibrio ecológico y los que vacían el campo. Cobran millonadas por asesorar cómo eliminar lo que dicen defender. Y es natural. No hay forma de encontrar a un ecologista que no sea socialista.
El problema de los medios
A mi juicio, el problema de los sectores que salieron a la calle en la gigantesca manifestación del campo es que no ligan sus reivindicaciones con la propiedad privada como fuente de legitimidad frente al Gobierno. También, que los medios son ciegos y sordos a los problemas reales del campo porque los periodistas son de izquierdas y no saben dónde cae. Los que nacimos en la España rural, más o menos poblada, ni vacía ni vaciada, somos una minoría que, gracias al aumento en las expectativas de vida, no vamos a extinguirnos pronto, pero la sensibilidad acerca de los animales no es la misma. Los urbanitas ven en ellos mascotas —hay más perros que niños en Madrid—, los que venimos del campo vemos peligro o ayudas laborales. Nuestra relación, sea amistosa u hostil, es la tradicional. La posmoderna es deudora de los dibujos animados y los cuentos amables, nada de Perrault o Andersen, cuyos relatos inducían la prudencia en el niño mediante el terror.
Hay, por tanto, dos caminos que transitar ante el "cambio climático": el de los conceptos y el de la comunicación. El primero, hasta ahora, está confuso; necesita desbrozar el problema de los precios; el segundo, está casi por estrenar: llevar a los periodistas al campo. Pero, ante todo, hay que entender que se trata de un problema político, de relaciones de poder, de ideas sobre la libertad o la servidumbre de la sociedad, que puede ser dueña de lo suyo y de sí misma o estar enajenada a un Gobierno que administra el apocalipsis por decreto-ley. De ello trataremos en la próxima entrega.